El sistema, que había sido calificado por el gobernador Juan Manuel Urtubey como "una política revolucionaria en materia social", desembolsó entre 2008 y 2009, 18 millones de pesos, para contribuir "a mejorar la alimentación de familias socio-económicamente vulnerables de la provincia", según el decreto 3388/08, por el cual se firmó el convenio con la Nación.

El documento de la auditoria, publicado en la página de Internet a partir del 15 de enero de este año, indica que se auditó el sistema entre junio de 2008 y abril de 2009, momento en el que la Secretaría de Abordaje Territorial (que se encargaba del Sistema), era dirigida por el ahora secretario de Planificación, Gestión y Articulación de Programas del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, Francisco Marinaro Rodó.

Según un parte oficial del Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación, el sistema instrumentado tenía por objeto "combatir la discrecionalidad y el clientelismo". Según la AGP, entre las situaciones detectadas se verificó que había domicilios no actualizados "encontrando casos en los que desde hace muchos años que ya no vive en ese lugar, o bien, hay casos que se encuentra mal consignada la dirección por que es inexistente la dirección buscada, desconociéndose el actual domicilio".

Otra "debilidad" fue que e el padrón de los beneficiarios, muchos registraron como dirección la calle Pedernera Nº 273, o sea, el lugar en donde se encontraba Abordaje Territorial. Según el descargo de la entidad, se consignó esa dirección para quienes "era desconocido el actual domicilio, y que al momento de la entrega se modificaron los datos incluyendo la dirección correcta".

Aún así, "se detectaron personas que recibieron las tarjetas y aún figuran con el domicilio en calle Pedernera Nº 273". Por otro lado, indicaron que hubo personas que figuraban como beneficiarias "pero al ser entrevistadas manifestaron que nunca les fue entregada la tarjeta". La Auditoria no pudo verificar si esas tarjetas habían registrado algún consumo.