Contundente y categórico. Más de ochenta carillas detallan tramos de testimonios, vuelcan impresiones de los distintos conjueces y resaltan la mirada de determinados testigos. Con fecha 4 de julio y en forma unánime, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires -en un fallo al que EL POPULAR accedió en forma exclusiva- destituyó por unanimidad a Antonio Cayetano Saladino como juez de Garantías Nº 1 de Olavarría.

¿Las razones? "El incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, la realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone y la realización de actos de parcialidad manifiesta". Esto según los incisos e, f y ñ del artículo 21 de la Ley 13.661. El tema ahora es empezar a hacerse preguntas. Que las hay y muchas.

No resta el menor resquicio de duda de que destituir a un juez es un paso gravísimo. Es decir, debe estar absolutamente probada su falta o su delito. De lo contrario, se abona la posibilidad -entre otras cosas- de correr con acuerdos bajo la mesa a todos aquellos magistrados que enfrenten al poder a través de sus fallos.

Con lo cual la primera pregunta que cabe hacer es si de la lectura concienzuda de las 82 carillas se desprende realmente como probado que Saladino cometió el delito del que se lo imputó para destituirlo.

Testimonios

No surgen elementos novedosos de la lectura de la sentencia. Ya todo -detalle más, detalle menos- resulta materia bastante conocida a partir de lo volcado en el juicio por el homicidio de Marcos Alonso. Las cuestiones centrales en las que se basan son: por un lado, los dos mails entrecruzados entre el magistrado destituido y Marcos Alonso y, por otro, el testimonio de Fabiana Márquez, esposa de Alonso, diciendo que fue con su marido hasta la casa de Saladino y que, mientras ella permanecía en la puerta, él ingresó a entregar 10.000 pesos. Suman además, en el mismo sentido, las declaraciones del propio Saladino a este Diario publicadas el 31 de enero de 2010 en las que el magistrado dice: "No éramos íntimos amigos, pero se puede decir que éramos amigos, compañeros. Ha venido a comer a casa, íbamos a comer a la casa de él con otros abogados, pero de ahí a confundir las cuestiones laborales... Que alguna vez se le pudo dar una mano, tanto a él como a cualquier otro...".

A todo esto se acoplan otros testimonios que vuelcan palabras similares pero como resultado de las charlas con Márquez. Excepto Emilio Alonso, tío de Márquez que -según rescata la senadora Cristina Fioramonti en su voto- recordó haber dicho a su sobrino: " 'Marcos, no me gusta nada lo que estás haciendo, menos con el juez... esto te va a traer problemas...' y él me dice 'no, tengo todo arreglado'. Mi sobrino me confesó que estaba todo arreglado y que le había dado 10.000 pesos al juez Saladino y se lo llevaron a su casa. Le dije 'devolvé la plata, no sabés con quién te metiste' ".

De una manera u otra, todos hablan de esa presunta entrega. Nadie menciona haber estado presente en el momento en que se hacía. Es decir, son dichos de dichos.

Presiones

Hay un testimonio en particular que fue resaltado por varios de los conjueces en su voto que va más allá de la figura de Saladino y termina ubicando también al fiscal Martín Pizzolo en parte de la trama. De todos modos, ninguno insta a concretar una investigación penal.

Se trata del juez de Garantías Carlos Villamarín. Según se lee textualmente en la sentencia, "se encuentra acreditado que días previos a la feria judicial de enero del año 2010, en el despacho del doctor Saladino se llevó a cabo una reunión con el doctor Alonso y el fiscal Pizzolo, justificando a mi criterio un proceder inadecuado y falto de probidad en el desempeño de su magistratura. Al respecto expuso el testigo Villamarín: `Yo concurrí el 30, me parece, tipo 12 del mediodía, a su despacho. Llegué a mesa de entradas. Me atendió el secretario, doctor (Mario) Sánchez Bruce. Lo primero que me dijo fue: '¿vos también venís a la reunión?'. Después de lo que pasó me hizo recordar: 'no, ¿qué reunión? Yo vengo a hablar con Saladino de lo que queda pendiente. ¿Por qué?' 'No, porque están reunidos Marcos Alonso y el doctor Pizzolo con él' ". En este mismo sentido, el presidente del Tribunal, Eduardo de Lazzari, vuelca en la fundamentación de su voto que "algunos de los nombrados", en relación con Villamarín, la fiscal Susana Alonso, la oficial primero María de las Mercedes Turrina y la secretaria de la UFI 5, Fernanda Gómez, "fueron presionados para beneficiar al defendido de Marcos Alonso. Presiones provenientes del propio juez Saladino y del fiscal Martín Pizzolo".

Varios de los conjueces remarcan el testimonio de la fiscal Susana Alonso, quien -se lee en el fallo- dijo que "hasta había efectuado personalmente un señalamiento o advertencia al magistrado por la excesiva exposición que tal trato con el abogado generaba para su investidura". Y en el fundamento del abogado Máximo Heriberto García para su voto, plantea que la fiscal Susana Alonso "indicó haber mantenido una conversación con el magistrado Saladino en la que ella le transmitió lo que se estaba comentando respecto a que el imputado había recibido dinero para proceder a la excarcelación del imputado Gallastegui, frente a lo cual recibió como lacónica respuesta: 'bueno, la gente siempre habla' ".

En este sentido, el conjuez abogado Carlos Garavaglia resalta que la titular de la Fiscalía 7 indicó haber sido víctima de presiones. "Mi criterio era que se trataba de una tentativa de homicidio. Uno de los comentarios que hice referencia en la última oportunidad que declaré aquí fue que continuamente me decía 'acá hay lesiones graves'. Esa es la presión, pretender que uno comparta ese criterio. El es el juez y yo la fiscal`".

El ABC

De Lazzari fundamenta que "puede advertirse con relación al incidente de excarcelación Gallastegui, una serie de elementos debidamente acreditados que, enlazados entre sí, permiten arribar a la conclusión de que el acuerdo entre Saladino y el abogado Alonso efectivamente tuvo lugar. Eran amigos y tenían permanente contacto, dentro y fuera del Juzgado; en los últimos días del año, con anticipación a la feria, tiene lugar una reunión entre el Juez, el mencionado abogado y el fiscal Pizzolo (testimonio de Villamarín); el imputado estaba prófugo y es presentado al tiempo en que la causa queda en manos del juez acusado a cargo de la feria; este magistrado presiona a la fiscal Susana Alonso procurando el cambio de calificación, según refiere la misma funcionaria en su declaración ante el jurado, lo que es corroborado por la secretaria Fernanda Gómez. A todo esto, subsigue la gestión del juez de la causa, en uso de licencia, doctor Villamarín, quien llama al propio juez y a otros funcionarios, alertando sobre lo que entendía una situación irregular. En esas condiciones, se aprecia que Saladino opta por dar marcha atrás con el propósito inicial, redactando una resolución denegatoria (...) inmediatamente la comunica por correo electrónico al abogado interesado, a quien a renglón seguido le hace llegar un proyecto de recurso de apelación contra el mismo decisorio".

Otro de los testimonios resaltados reiteradamente por cada uno de los conjueces es el del defensor oficial Martín Marcelli, quien declaró que "al día de hoy me sigue siendo creíble... porque lo que hizo Marcos en la causa no tiene lógica. Si eso no existía, es imposible... tenemos una persona que está prófuga que le efectuó 11 disparos con una 9 mm a otra persona frente a 20 testigos. Yo asumo como defensor, ¿lo voy a presentar detenido? Si mi estrategia es cambiar la calificación, pedir la excarcelación y ofrezco prueba, produzco prueba. Después pido la calificación y la eximición de prisión. ¿Para qué me voy a arriesgar?, ¿para qué lo voy a someter al detenido? Salvo que la persona quiera sí o sí entregarse, y me parece que no es el caso (...) Entonces la estrategia es completamente ilógica. No tiene ningún tipo de hilo lógico y va al contrario de todo sentido común y el ABC de cualquier abogado penalista".

La permanencia de 12 años como juez para Saladino ya es cuestión del pasado. La gran pregunta, la necesaria e imprescindible pregunta, es si ahora que ya no es magistrado, la Justicia en Olavarría empezó a funcionar de otra manera. Si la realidad penal y delictiva se modificó aunque más no sea mínimamente. Hasta que esa duda no sea despejada, no se habrá hecho justicia.