Nueve años después de la primera denuncia penal, la Justicia se expidió en un caso de corrupción contra el Estado. Los acusados tendrán que cumplir con tareas comunitarias.El fiscal había pedido penas de prisión efectiva.
Los tres condenados integraron la Comisión Directiva durante la década del 90 cuando la Cooperativa recibió 1,2 millones de pesos-dólares en concepto de subsidios y Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para realizar la red cloacal del populoso barrio diamantino, que hasta ahora sigue inconclusa.
Si bien los acusados no irán presos por la defraudación al Estado, puesto que las penas fueron condicionales, deberán devolverle a la Cooperativa 825.000 pesos en concepto de daños y perjuicios. Con estos fondos los vecinos de Strobel podrán regularizar su situación económica y hasta evaluar resolver ante el Estado provincial los dos juicios civiles entablados por el Ejecutivo para recuperar la plata que le descontaron de la coparticipación.
Nueve años después de la primera denuncia penal, realizada en mayo de 2001, la Justicia se expidió en un caso de corrupción contra el Estado, que otra vez incluyó el desvío de ATN.
El tribunal ad hoc integrado por los jueces Ricardo González, Héctor Villarodona y Pablo Vírgala resolvió en fallo unánime condenar a penas que van desde los dos a tres años de prisión condicional a los tres encartados. La pena más importante de tres años de prisión de ejecución condicional recayó sobre Kranevitter, quien fue declarado coautor del delito de Defraudación Especial en Perjuicio de la Administración Pública y Uso de Documento Falsificado en la modalidad de delito Continuado unidos entre sí bajo las reglas de Concurso ideal, ambos concursados Realmente con el ilícito de Tentativa de Estafa y Uso de Documento Falsificado. En tanto que Luis Martínez fue condenado a dos años y seis meses por coautor de Defraudación Especial en Perjuicio de la Administración Pública y Uso de Documento Falsificado en la modalidad de delito Continuado. Mientras que José Oliva fue penado con dos años por se partícipe necesario del ilícito de Defraudación Especial en Perjuicio de la Administración Pública y Uso de Documento Falsificado en la modalidad de delito Continuado.
A todos el tribunal le impuso como regla de conducta fijar domicilio y realizar trabajos comunitarios no remunerados. Estas tareas deberán realizarse fuera de su horario de trabajo, en favor de la Jefatura Departamental de Policía de Diamante, por el término que dure la condena a razón de cuatro horas por semanas.
Los camaristas dieron lugar al reclamo Civil iniciado por la Cooperativa contra los imputados por daños y perjuicio. En ese orden, dispuso el pago de 825.000 pesos “in solidum”, que significa “derecho u obligación que, siendo común a dos o más personas, puede ejercerse o debe cumplirse íntegramente por cada una de ellas”. La lectura de los fundamentos de la sentencia se conocerá el lunes 28 a las 7,30. Una vez conocidos los argumentos que llevaron a los jueces a dictaminar los abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende (Kranevitter y Martínez) y Rubén Cabrera (Oliva) podrán evaluar revisión de la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), ya que ambos exigieron la absolución de sus clientes.
Penas diferentes
El veredicto de los camaristas difiere con los pedidos de condena realizado por el Fiscal de Cámara, Leandro Ríos y la querellante, Marcela Gambaro. El fiscal había solicitado cuatro años y dos meses de cárcel para Kranevitter, cuatro años para Martínez y dos años para Oliva, todos de cumplimiento efectivo. Ríos había rechazado la demanda Civil.
Por su parte, Gambaro había pedido que Kranevitter y Martínez cumplan una pena de seis y cinco años de prisión efectiva respectivamente, mientras que Oliva sea condenado con tres años de prisión de cumplimiento condicional. La querellante había peticionado la inhabilitación de por vida y que reintegren el dinero a la cooperativa.
Con la sentencia de ayer llegó a su fin una historia de corrupción que dejó al descubierto maniobras delictivas como la falsificación de facturas para poder justificar los gastos de los fondos que, entre el 15 de junio de 1993 y el 10 de octubre de 1999, recibió la Cooperativa en concepto de ATN. De los casi 1,2 millones de dólares que recibieron Kranevitter, Martínez y Oliva sólo se invirtieron 130.000 pesos en la red cloacal de Strobel.
El Estado ya demandó a los imputados y embargó sus sueldos, uno de ellos es desocupado y los otros, según fuentes judiciales, enajenaron sus bienes. El caso deberá servir para ajustar los controles, ya que si bien la Justicia condenó, los órganos de control del Estado llegaron tarde.
La Cooperativa quiere ser recibida por Urribarri
El actual presidente de la Cooperativa de Agua Potable, Rubén Américo Fontana, se mostró conforme con el fallo de los jueces. “Por fin se hizo justicia; estamos muy conformes con el fallo de la Justicia”, subrayó el hombre, que al mismo tiempo se lamentó porque no se logró conocer a dónde fueron a parar los fondos destinado para la red cloacal.
Fontana reiteró: “Estamos muy conformes con el fallo, pero sabemos que será difícil recuperar el dinero a través de estas personas, ya que han enajenado todo”, y agregó: “Estamos gestionando desde hace mucho tiempo una audiencia para que el gobierno intervenga en el juicio que tiene contra nuestra cooperativa, porque queremos mostrar en los hechos lo que ha dictaminado la Justicia”.
El titular de la Cooperativa que suministra agua a unas 1.600 personas dijo: “En la actualidad estamos prestando un buen servicio, estamos ordenados, pero necesitamos una audiencia con el gobernador Sergio Urribarri para explicarle también que tenemos grandes problemas de contaminación con los pozos negros, ya que al no haberse realizado las obras hay contaminación de las napas de agua”.
La abogada de la Cooperativa que actuó como querellante en la causa, Marcela Gambaro, dijo a diario Uno: “Estamos contentos porque la Justicia se hizo presente”, y añadió: “Cobrarle a estas personas es casi imposible porque han ocultado todo su patrimonio”. Gambaro precisó que “este tipo de casos no se pueden repetir, el Estado tiene que controlar”.
Comentá la nota