Finalmente y a dos meses de que realizara el acto de adjudicación, se confirmó la financiación de 1.120 viviendas sociales de las 1.300 concursadas en la megalicitación.

La operación fue controvertida porque se conoció una posible "cartelización" entre las empresas constructoras. Sin embargo, se llevó adelante y se adjudicaron 1.120 de las 1.300 viviendas programadas, ya que no hubo ofertas para dos grupos.

Las sospechas se dispararon a partir de la publicación en El Ancasti de una lista que circuló en los días previos a la apertura de los sobres con las ofertas.

La sospecha que hizo presumir un posible acuerdo entre la empresas que concursaban surge porque la nómina con el presunto reparto previo coincidía con las propuestas elevadas al organismo oficial. El administrador de IPV, Dante López Rodríguez, aseguró que estaba gestionando las partidas y que las obras comenzarán a mediados de mayo.

Ayer, el Programa Federal para la Construcción de Viviendas “Techo Digno”, que depende la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, informó que, luego de la correspondiente evaluación técnica de los proyectos, se firmó la pertinencia financiera.

También se procedió a la firma de los convenios particulares con la Subsecretaría, en los que consta, de manera específica, el plan de trabajo, es decir, los plazos de construcción a los que se ajustan las empresas, y el detalle del progreso de obra que debe cumplirse mes a mes.

La megalicitación de las 1.300 viviendas tuvo características muy similares a otro procedimiento similar que había puesto en marcha el anterior Gobierno, en el que las empresas que quisieran competir tenían que obtener terrenos y certificaciones en tiempos muy acotados, imposibles en condiciones normales.

El proceso estaba dividido en 39 licitaciones que, en total, ascienden a más de 211 millones de pesos, incluido el precio de los terrenos.