En un juicio político “exprés” cuestionado por varios jefes de Estado, el Parlamento de Paraguay destituyó ayer al presidente Fernando Lugo tras responsabilizarlo por la muerte de 17 personas durante un enfrentamiento entre policías y campesinos, entre otras acusaciones generales. El proceso para expulsar a Lugo del poder se concretó en poco más de 24 horas y fue impulsado por el conservador Partido Colorado y el Partido Liberal, al que pertenece el vicepresidente-opositor Federico Franco, quien asumirá el poder hasta que se celebren elecciones, en nueve meses.

“No es Fernando Lugo el que recibe un golpe, sino la democracia paraguaya la que fue herida profundamente”, expresó Lugo en un mensaje de despedida al país, en el que denunció que los legisladores opositores “torcieron cobarde y alevosamente” las reglas institucionales. Durante el juicio, los abogados del mandatario argumentaron que el proceso no respetó las debidas garantías constitucionales ni el derecho a defensa del acusado, y varios dirigentes oficialistas lo calificaron como un golpe de Estado enmascarado.

El hecho de que Lugo no tuviera mayoría propia en el Congreso hizo que la destitución fuera casi un trámite para la oposición. Diputados había aprobado el juicio político el jueves y los senadores emitieron sentencia ayer mismo. Con 39 votos a favor y 4 en contra, Lugo fue sentenciado a abandonar inmediatamente su cargo. Decenas de miles de personas en todo Paraguay –entre ellas, miembros de organizaciones campesinas que respaldan a Lugo y lo exculpan por la masacre de Curuguaty– se movilizaron en defensa del ahora ex jefe de Estado.

Aunque Lugo llamó a sus seguidores a manifestarse pacíficamente para que “la sangre de los justos no se derrame por causa de intereses mezquinos”, en la Plaza de Armas de Asunción, frente al Congreso, se produjeron serios incidentes cuando la policía reprimió a manifestantes que intentaron ingresar al edificio del Poder Legislativo. La sensación entre los partidarios de Lugo era una sola: colorados y liberales aprovecharon el turbio episodio de la matanza para dar el empujón final a un gobierno debilitado.

Los argumentos esgrimidos para destituir a Lugo fueron endebles. Su presunta responsabilidad en la matanza de Curuguaty –que la comisión investigadora no pudo comprobar– fue sólo uno entre varios puntos de la acusación por “mal desempeño de funciones”. También figuran la supuesta ineficacia contra la “inseguridad”; o la adhesión al protocolo de Ushuaia, una garantía democrática del Mercosur que los opositores calificaron como un atentado a la soberanía paraguaya. Ellos habían usado el protocolo para oponerse al ingreso de Venezuela al bloque regional.