La situación de unas 12 familias que viven dentro de los terrenos de la estación ferroautomotora se mantiene aún en un marco de incertidumbre debido a que, a excepción de que abandonen el predio de manera voluntaria, no habría otras alternativas inmediatas para asegurar su relocalización. Así lo indicaron ayer fuentes de la comuna en respuesta a una protesta realizada esta semana, durante la cual, las personas que todavía permanecen dentro de la terminal y que en su momento rechazaron una oferta para mudarse a un complejo habitacional, reclamaron una solución.

Las familias que protagonizan el conflicto resolvieron el lunes pasado cortar la avenida Luro en su intersección con la calle Italia, imputándole al Ejecutivo municipal no haber resuelto todavía su situación.

Pero las autoridades municipales desmintieron este hecho recordando que en febrero de 2008 se puso en marcha un plan de relocalización para liberar el predio y permitir que pudieran dar comienzo las obras de construcción de la nueva estación.

Según se explicó, en ese momento se realizó un convenio con la Unión del Comercio de la Industria y la Producción a través del cual fueron cedidas hasta 55 viviendas de un complejo ubicado en avenida Constitución al 10.200.

Por aquel entonces, la entidad no disponía de fondos para completar la obra que había encarado años atrás con el aporte del Instituto Provincial de la Vivienda, por lo que se encontraba paralizada.

Con la firma de este acuerdo, la UCIP logró que la Provincia le otorgara los 10 millones de pesos necesarios para completar los trabajos e inaugurar así el complejo que, en total, quedó conformado por 144 casas.

De este acuerdo también participaron la Subsecretaría de Transporte Ferroviario de la Nación, el Ministerio de Infraestructura de la Provincia y el Colegio de Escribanos.

Por aquel entonces también realizó un censo que permitió establecer que dentro del predio había 55 familias.

A través de ese relevamiento además se determinó que en la mayoría de los casos se trataba de empleados ferroviarios ligados a la actividad de la estación de trenes y que también había varios ocupantes ilegales los cuales, a pesar de su condición, también fueron incorporados dentro del plan de relocalización.

Pero lo cierto fue que la propuesta no fue aceptada por todos ya que de las 55 familias censadas, fueron 32 las que, según consta en las actas, accedieron a mudarse y abandonar el lugar.

Esto permitió que después de varios meses de demoras, pudiera dar comienzo la construcción de la nueva estación. Pero lo cierto fue que el resto de los ocupantes decidió quedar al margen de la propuesta de reubicación y algunos de ellos hasta intentaron entablar un litigio judicial.

Ante la protesta realizada esta semana por quienes aún viven dentro del predio, fuentes comunales explicaron que las 23 viviendas restantes que habían sido ofrecidas por la UCIP hace más de 3 años ya no se encuentran disponibles, debido a que ante la falta de interés de los ocupantes del predio de la ferroautomotora, fueron adjudicadas a otras familias.