El legislador Fabián Gatti (Redes) definió al proceso de modificación del Código de Procedimiento Penal como "una asignatura pendiente en la provincia por elementales razones constitucionales”. Entre ellas, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "a partir especialmente del caso "Sandoval", le señaló a Río Negro la urgente necesidad de adecuar el procedimiento penal actualmente vigente a los estándares constitucionales exigidos a partir de la reforma de 1994 y como legisladores es nuestro deber iniciar el proceso de reforma, en atención a las responsabilidades que como Poder nos competen".

Cabe recordar que la Corte Suprema anuló la sentencia a David Sandoval, por haber sido juzgado dos veces por el segundo triple crimen.

Asimismo destacó la voluntad política del poder Ejecutivo de avanzar hacia la modificación del Código. En los fundamentos la iniciativa parlamentaria expresa que “la solución del conflicto, el reconocimiento de la diversidad y la apertura a los instrumentos restaurativos (conciliación y mediación) representan nuevos pilares del andamiaje procesal. Por otra parte, el rescate de la oralidad como la más potente herramienta de transformación de las prácticas y como factor de transparencia también han perfilado con nuevos contornos el nuevo proceso penal”.

Los principales cambios que se destacan en el proyecto se vinculan con un conjunto de nuevas reglas para la persecución penal, la intervención jurisdiccional, la instalación de una nueva dinámica para el juicio y las audiencias, un sistema recursivo novedoso, así como la definitiva democratización del procedimiento a través de la incorporación del Juicio por Jurados.

Se pone el acento en un sistema de enjuiciamiento y persecución penal "acusatorio", el cual prevé la clara división de roles en la Defensa, el Fiscal y el Juez. La persecución penal queda a cargo del Ministerio Público Fiscal mientras que el Juez controla la legalidad del proceso.

Gatti explicó que “la oralidad plena, ubica al Proyecto entre los Códigos de última generación, en condiciones de establecer una profunda transformación de los procesos de trabajo judiciales".

El legislador planteó que "tenemos que poner fin a un proceso que genera impunidad, es ineficiente y maltrata a las víctimas, que es lo que tenemos en vigencia”.