Un remate judicial terminó con presencia policial y participación de la jueza María Hilda Galdós. El Centro de Rematadores pidió una reunión con la magistrada. Ante la venta de dos inmuebles hombres que pertenecerían a la "liga de compradores" habrían amedrentado a otros posibles compradores. Se vivieron momentos de tensión en la mañana de ayer sobre la General Paz, casi Alsina.
Sin embargo, antes hubo llantos, presuntas amenazas a compradores locales y, cuando ya todo había concluido, intentos de amedrentar a que se borraran las fotos periodísticas que se tomaron a la salida.
La situación fue definida como "de gravedad" por el vicepresidente del Centro de Rematadores, Juan Carlos Notararigo que dijo a EL POPULAR que "no vamos a expresarnos públicamente antes del encuentro que le pedimos a la jueza que va a ser el próximo miércoles. Igualmente, lo que ocurrió hoy (por ayer) está todo filmado".
Las prendas del deseo
La mañana plácida y húmeda de domingo fue quebrada por la presencia de dos patrulleros de la Comisaría Primera instalados frente a la inmobiliaria de General Paz 2632 convocados por los rematadores. La prenda del deseo para los compradores llegados quién sabe de dónde eran:
-"El 100 por ciento de una finca urbana", en Brown entre Coronel Suárez y General Paz, de dos plantas con una superficie de terreno de 219,19 metros cuadrados y superficie cubierta de 236,239. Base: 74.450,67 pesos.
-"El 50 por ciento indiviso de una fracción de terreno edificada" en Pringles y Trabajadores (ex restaurante La Barraca). Base: 28.766,67 pesos.
El primero de los inmuebles se vendió en alrededor de 300.000 pesos cuando el valor comercial de venta sería de unos 150.000 dólares. Con lo cual quienes lo adquirieron en calidad de presuntos testaferros, lograron comprarlo a la mitad del valor real. En cuanto a la mitad del ex restaurante se vendió en 30.000 pesos justamente por no ser el inmueble total.
Miedos
La escena arrancó alrededor de las 11 de la mañana. La jueza interviniente, doctora María Hilda Galdós, habría pasado por el lugar por casualidad, según refirieron en su entorno.
Ninguno de quienes fueron testigos de lo vivido ayer sobre la calle General Paz quiso hablar públicamente de lo ocurrido. Más de uno, bajo reserva de identidad coincidió en que "fue un remate como tantos en los que interviene la liga y la cosa se complica".
La llegada de los integrantes de "la liga" como todos conocen a quienes en ámbitos judiciales -inclusive en el seno de la Corte Suprema de Justicia- definieron también como "la mafia de los remates" llevó a que los martilleros intervinientes pidieran móviles de la policía para controlar la situación.
"El tema de `la liga` en Olavarría se había tranquilizado un poco desde aquel escándalo del 2004 cuando se remató el salón de la ex Cowan y Cestona, en 2004", refirió uno de los presentes.
No hay certezas de qué es lo que ayer hizo que volviera a sobrevolar la ciudad el fantasma "de la liga".
Una mujer intentaba hacer una oferta y hombres decididos a comprar la habrían presionado y hasta amenazado para que desistiera de su intento. La mujer terminó llorando sin lograr entender por qué tenía que verse sometida a una experiencia de ese tenor y, al mismo tiempo, ver cómo la propiedad por la que había llegado interesada se le iba claramente de las manos.
La numeración
"Faltan 7.000", dijo un hombre ya en el pasillo de la inmobiliaria y otro contestó "voy a buscarlos y vuelvo".
Afuera, como testigo silenciosa, la bandera roja de los remates flameaba en medio de la mañana nublada y húmeda.
Los hombres de "la liga" lograron hacerse de los inmuebles. Un hombre joven observaba la escena y relataba ayer a EL POPULAR que "en un momento entró un hombre con peluca tipo cotillón" que habría llegado de ese modo por temor a "la gente de la liga".
Al momento de abonar la seña de dinero en efectivo la jueza habría intervenido además para controlar la numeración de los billetes entregados para evitar posibles situaciones de irregularidad. "Nunca me pasó que desconfiaran de mí", le habría dicho el comprador.
De teatro
Unos y otros recordaban el remate de abril de 2004 como el gran antecedente que temían se repitiera sin imaginar que ese día sería ayer. "Justamente por lo ocurrido en Cowan y Cestona hace tiempo es que cada vez que vemos que llega gente de `la liga` llamamos a la policía", dijeron desde la inmobiliaria de la General Paz.
Aquel antecedente se remonta a seis años atrás. Era sábado y el salón de la ex Cowan y Cestona se encontraba repleto cuando llegaron el intendente Helios Eseverri; Margarita Arregui, secretaria de Obras y Servicios Públicos; Miguel Scalchi, secretario de Hacienda y Julio "Chango" Alem presidente del Concejo Deliberante.
Se remataban judicialmente 900 metros cuadrados linderos a edificios municipales. No pasaron demasiados minutos para que la escena quasi teatral se pusiera en marcha.
Todavía definían a los oferentes como integrantes de "la liga de compradores". Hoy ya se habla directamente de "la liga" sin más aditamentos. En aquella ocasión, un funcionario definió que "grupos de `gente rarísima`" irrumpían con caras poco amigables, compraban por poco y vendían a mayor precio. En aquella ocasión se definía por lo bajo que en escasa hora y media habrían ganado de 50 a 60.000 pesos.
Ayer había dos patrulleros frente a la inmobiliaria de la General Paz. En aquel sábado otoñal de 2004 eran tres los móviles y más de diez efectivos policiales. Se coincidía por lo bajo en que "presionan a los que están por comprar, los amenazan, compran a los precios que ellos quieren y después se los venden al precio que ellos quieren".
En un par de ocasiones, aquella vez la policía tuvo que sacar a integrantes de la liga de compradores por presunto desorden. Inclusive, uno de ellos se habría acercado a Helios Eseverri para que desistiera de hacer ofertas. Y cuando observaban que el martillero llegaba a cierta cifra le gritaban: "vendé, qué esperás... o no querés vender..."
La escena final tenía a varios olavarrienses quejándose de la "impunidad total" con que actuarían e incluso se pidió que ante ese tipo de remates "haya un control judicial, que intervengan los jueces, los fiscales".
La amplia difusión que tuvo el tema en esa ocasión y el escándalo mediático que alcanzó sería uno de los elementos que habría terminado frenando este tipo de actuaciones en la ciudad. Ayer volvieron a darse. Y de algún modo, el pedido de mayor control judicial hecho en aquel 2004 es lo que se estaría reiterando ahora, de cara al encuentro que sostendrán oficialmente los martilleros con la jueza Galdós.
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