El ex dictador Jorge Rafael Videla rompió ayer el silencio que mantuvo durante treinta años, para reivindicar el terrorismo de Estado y asumir su “total responsabilidad” sobre la represión ilegal durante lo que llamó “la guerra interna contra la subversión”.

“Asumo mi responsabilidad en la guerra interna, donde mis subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes», deslindó ayer por la tarde Videla, ex comandante general del Ejército Argentino y ex jefe de la Junta que tomó el poder el 24 de marzo de 1976.

El ex represor, de 84 años, habló en la segunda jornada del juicio oral y público que se le sigue, junto a una treintena de militares y policías, por el asesinato de 31 presos políticos en la cárcel de barrio San Martín, hechos producidos entre abril y noviembre del 76, en lo que se conoce como causa UP1.

Aunque reivindicó su accionar, adelantó que, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional”, no declararía en las audiencias. En su inédita declaración, Videla remarcó que las acusaciones que pesan sobre él son “cosa juzgada» a nivel militar, es decir, por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (que lo absolvió). También recordó que fue juzgado por la Cámara Federal de Buenos Aires en el juicio a las Juntas de 1985, por el cual fue condenado a prisión perpetua junto a sus ex colegas comandantes. “Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa», indicó.

Tras estas palabras, el militar que le sigue en rango, Luciano Benjamín Menéndez, ex general de División y ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, habló ante el Tribunal Oral Nº 1 a cargo del caso. Menéndez repitió el discurso de cada uno de los juicios por los que ha pasado en Córdoba y Tucumán.

A los 83 años, calificó de “inconstitucionales” los procesos que se celebran en todo el país por violaciones a los derechos humanos, cargó con toda la responsabilidad por la actuación de sus «dignos soldados” y aprovechó nuevamente para hacer una lectura política del proceso, acusando al actual y anterior gobierno de los Kirchner de incitar el inicio de estas causas (ver aparte).

«No quiero prestarme al juego de los terroristas que ayer colocaban bombas», dijo Menéndez y que hoy persiguen «sus oscuros intereses» bajo «el manto de la legalidad», dijo.

Videla y Menéndez coincidieron en sostener que el tribunal «carece de competencia y jurisdicción” para juzgarlos.

Cabe recordar que Menéndez está imputado también en la causa Gontero, que investiga los vejámenes sufridos por seis ex policías en la D2, en 1976.

El TO1 que juzga las causas acumuladas está integrado por Jaime Díaz Gavier, Carlos Lescano y José Pérez Villalobo y actúan como fiscales Maximiliano Hairabedian y Carlos Gonella.

Una larga jornada

La segunda jornada del juicio se abrió ayer pasadas las 10 con la verificación de los datos y situación personal de cada uno de los imputados. y la lectura los delitos y la descripción de cómo se cometieron los hechos. Tras un cuarto intermedio, la audiencia se extendió hasta las 20.30, luego de las declaraciones de los imputados Pedro Moner Ruiz, Gustavo Alsina, Osvaldo Quiroga y Francisco D’Aloia, algunos de gran extensión. No declararon, aunque negaron los cargos, Víctor Pino Cano, Vicente Meli y Juan Emilio Huber.

Una de las declaraciones más largas fue la del teniente primero Quiroga, que admitió haber trasladado, el 14 de agosto de 1976, a cuatro presos políticos de la UP1 al comando del Regimiento, pero negó haber participado en los homicidos de tres de ellos. Dijo, además, que sus superiores le informaron que había una orden escrita en la UP1, y que había intervenido la Justicia Federal, con jurisdicción sobre esos detenidos.

Videla, que ya el viernes se había mostrado dispuesto a declarar, remarcó que desde octubre de 1975 todas las policías provinciales estaban bajo orden de las FF.AA. Cuando habló, lo hizo con el mismo tono que se le conoció como jefe de la dictadura.