Después de siete años, el liberalismo vuelve a encabezar un Ministerio

Después de siete años, el liberalismo vuelve a encabezar un Ministerio
El Partido Liberal suma un miembro de su estructura al ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, donde desde el año 2005 no tenía representación. El abogado Eduardo Hardoy buscará jerarquizar y dar eficiencia a este organismo.
Acompañado de dirigentes del Partido Liberal de toda la provincia, además de autoridades provinciales, asumió formalmente el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos el abogado Eduardo Hardoy, quien fuera propuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, y proclamado en forma unánime por la agrupación del "sello celeste".

El juramento de rigor ante el gobernador Ricardo Colombi se llevó a cabo ayer en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, acto al que asistieron además de altas autoridades provinciales; intendentes, concejales y dirigentes en general del PL, quienes remarcaron su "complacencia" ante la "vuelta después de siete años a una cartera gubernamental".

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos funcionará en el edificio de calle Belgrano 1.260 y ya tiene asegurado un presupuesto, según lo informado formalmente; teniendo a su cargo dos subsecretarías.

Tanto sus "correligionarios" como el Primer Mandatario consideraron a Hardoy como un hombre probo que sabrá llevar adelante con éxito la misión encomendada. "Quienes conocemos a Hardoy sabemos de sus cualidades"… que le servirán para llevar su gestión "con responsabilidad, con respeto, con valores y también con fortaleza", dijo Colombi en su alocución.

El ex concejal Hardoy nació en la ciudad capital el 11 de marzo de 1966. Tiene 45 años y entre los cargos desempeñados, figura en su currículum: asesor del Ministerio de Hacienda y Finanzas, concejal de la ciudad hasta el 2005 y miembro del Directorio del Banco de Corrientes hasta abril de 2010, entre otras funciones públicas.

Para Cassani es un "acto trascendente" que enorgullece a los liberales, además de significar una "tremenda responsabilidad y compromiso ciudadano" para el designado.

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