A sala llena y con gran expectativa comenzaron esta mañana en Tucumán los alegatos en el juicio que se sigue a 13 hombres y mujeres, acusados de haber secuestrado a Marita Verón el 3 de abril de 2002, y haberla prostituido en burdeles de La Rioja. Hasta el cuarto intermedio ordenado por el tribunal a las 11.30, sólo había expuesto parte de su alegato el representante de la acción civil, Carlos Varela Álvarez. La audiencia fue suspendida hasta mañana por un problema de salud de uno de los jueces.

Muchas personas se acercaron a acompañar a Susana Trimarco para el inicio del tramo final de un juicio que lleva más de nueve meses: las profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata, que han estado siempre junto a las víctimas que declararon como testigos; el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la UFASE, la fiscalía especializada en trata de personas; el diputado nacional Horacio Pietragalla; integrantes de organizaciones de mujeres; y representantes del PRO de la Ciudad de Buenos Aires.

Caras serias se vieron entre los imputados, quienes esta vez eludieron en masa a los numerosos periodistas presentes. Mientras el doctor Varela recordaba los terribles testimonios escuchados durante estos meses, por parte de jóvenes mujeres que fueron esclavizadas o explotadas en sus prostíbulos, Irma “Liliana” Medina, una de los principales acusados, hacía caricias y mimos a sus hijos mellizos, Gonzalo y José “Chenga” Gómez, con quienes comparte el banquillo.

Varela Álvarez, un abogado penalista que también tiene experiencia en el derecho civil, planteó una brillante introducción que dio cuenta de su amplia formación cultural, infrecuente entre sus colegas. En esta primera parte de su alegato desplegó todas las pruebas e indicios que demuestran la conexión entre todos los acusados, cuatro de Tucumán y nueve de La Rioja. Y comenzó a desarrollar el itinerario de la víctima tras sus dos secuestros –los testimonios indican que había logrado escaparse y fue recapturada–, en las casas de los imputados Daniela Milhein y Alejandro González, y luego en los prostíbulos de la familia Medina-Gómez en la capital riojana.

“Está siendo violada, está sometida a la prostitución, en un lugar donde se practican abortos, donde se hacen ritos umbanda, donde se les cambia la identidad a las mujeres, donde se les cambia el nombre y pierden el suyo –recordó el abogado–. Un lugar donde se tortura, se secuestra, se golpea; donde no se puede decir que no. (…) Un campo de concentración privado”.

Su exposición debió ser interrumpida a causa de la descompensación sufrida por el doctor Eduardo Romero Lascano, vocal del tribunal. Continuará mañana a las 8.30.