Dado su pasado como socio del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, quizás sería conveniente que el titular de la Corte se anticipe y presente el listado de empresas a excusarse, y de ese modo evitar posibles suspicacias.

La Corte Suprema de Justicia aceptó la excusación del juez Carlos Rosenkrantz en la causa Axion, en la que el Máximo Tribunal debe fallar respecto a la forma de cálculo de la tasa de seguridad e higiene de la firma Axion Energy (ex Esso) contra la Municipalidad de Quilmes. 

Lo curioso y desprolijo del asunto es que Rosenkrantz -quien se excusó por haber sido abogado de la compañía- debió haberse excusado en la primera oportunidad. No obstante, no sólo firmó la convocatoria a la audiencia sino que pidió autos y tuvo acceso al expediente. Recién al día siguiente presentó su excusación. Esta situación puede generar algunas suspicacias (¿por qué no se excusó de entrada, si ya sabía de la causa?), sobre todo porque el juez, presidente de la Corte, se está yendo a Yale a compartir panel con empresas petroleras.

 

 

Ante esta situación, y dado su pasado como socio del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados -bufete que atendía importantes clientes corporativos como el Grupo Clarín, YPF, Musimundo, Carbap, McDonald’s, Quilmes e IRSAE, entre otros- sería conveniente que el titular de la Corte se anticipe y presente el listado de empresas a excusarse. Y de ese modo, evitar posibles suspicacias.

Con respecto a la causa, la cuestión gira en torno a determinar si la municipalidad demandada (la de Quilmes, a cargo de Martiniano Molina, del PRO/Cambiemos) podía gravar con la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene únicamente los ingresos brutos devengados en la jurisdicción municipal, tal como sostenía el contribuyente actor, o en cambio, podía acrecentar esa base imponible considerando el 100% de los ingresos brutos que el contribuyente había atribuido a la Provincia de Buenos Aires - en lo que respecta al impuesto provincial sobre los ingresos brutos, y en los términos del Convenio Multilateral-, en tal caso distribuyendo ese 100% exclusivamente entre los municipios donde el contribuyente tenía locales habilitados.

El caso cuenta con un fallo favorable al municipio demandado, de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Pero el contribuyente interpuso un recurso extraordinario federal, que fue denegado por la Corte bonaerense, lo que derivó en la interposición de un recurso de queja ante la CSJN.

El demandante obtuvo un dictamen favorable de la Procuración General de la Nación, que no obliga a la CSJN, en un texto que afirma que la del Municipio de Quilmes es "una incorrecta, interesada y abusiva interpretación del tercer párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral", por la que "pretenden alcanzar con la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene ingresos que son extraños a la actividad desarrollada por el contribuyente en su territorio y, por supuesto, también al servicio que esa tasa retribuye."

La Corte Suprema de la Nación tiene criterios bien diferentes a los de la Procuración (cuyo titular, Eduardo Ezequiel Casal), sólo tiene el cargo porque el presidente Mauricio Macri no pudo imponer a su candidata (Inés Weinberg de Roca).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha convocado a una audiencia pública para dirimir posiciones, a realizarse en mayo.

En parte, esto es consecuencia de que más de 40 intendentes bonaerenses ingresaron al expediente apelando al amicus curiae contra Axion Energy, heredera de los negocios de ExxonMobil en la Argentina, Paraguay y Uruguay.

"Se encuentra en debate la forma de cálculo de la tasa (si puede tomar como base los ingresos del contribuyente en otras jurisdicciones) y la proporcionalidad entre su monto y el costo del servicio prestado", confiaron a Urgente24 (ver nota relacionada).

"Es un tema muy delicado que ocurrirá en mayo porque Axion no la quiere pagar y el tema llegó a la CSJN con un fallo favorable a la Municipalidad de Quilmes de la Corte Suprema bonaerense. Al tema lo tomaron Diego Valenzuela (intendente de 3 de Febrero), Jorge Macri (de Vicente López) y Gabriel Katopodis (de San Martín), quienes recurrieron a la Corte explicando que, si se le concediera a Esso/Axion lo que piden, afectaría el 35% de los ingresos corrientes de los municipios", agregaron.