El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, firmó acuerdos con la Municipalidad de Córdoba y el Tribunal de Cuentas el pasado viernes en esta ciudad, oportunidad en la que hizo declaraciones muy duras relativas al manejo de “la caja” que hace el gobierno de la presidenta Cristina Fernández.

“La Auditoría ha detectado dificultades estructurales en la ejecución presupuestaria que determinaron que el sistema se haya transformado cada vez más en unitario, en detrimento de las provincias y los municipios, en cuanto a la distribución de los fondos disponibles”, disparó -en exclusiva- para Comercio y Justicia.

“Esta centralización es cada vez más grande, tiene una enorme incidencia y perjudica tanto a las provincias como a los municipios que, como el de Córdoba, tiene que llevar adelante una gestion muy austera, muy medida, debido a que no tienen acceso a fondos para poder hacer obras públicas. Fondos que están disponibles, por préstamos internacionales a nivel nacional, pero que no se transfieren ni a las provincias ni a los municipios”, aseguró, al tiempo que dio detalles de que el convenio que se firmó con la Municipalidad y con el Tribunal de Cuentas es para prestar colaboración y asistencia técnica en temas vinculados con el control de las partidas del presupuesto que ejecuta la Municipalidad.

“Fue a pedido de la misma comuna”, aclaró, y agregó: “El intendente (Ramón Mestre) plantea que necesita aún ordenar la adminsitración y la gestión porque ha recibido una municipalidad en condiciones de dificultad económica y desorden administrativo, por lo que necesita asistencia para establecer mejores y más agiles procedimientos de administración”.

Al ser consultado respecto de los fondos que, según el titular de la AGN, están disponibles para ser ejecutados, dijo: “Muchas veces ni siquiera se ejecutan a nivel nacional o se hace una distribución privilegiando los intereses políticos, lo que hace que algunas provincias se vean más perjudicadas. Córdoba es una provincia que, si uno analiza los últimos años, se puede ver que programas tales como los de vivienda que han llegado a otras provincias, aquí no han llegado. Ha habido transferencias en planes como Techo Digno, que son cooperativas, y otros que tienen que ver con la construcción y tampoco llegaron”, aseguró Despouy.

“Básicamente, el problema está en cómo se distribuyen los fondos presupuestarios”, dijo. “No es la ausencia de fondos sino la forma en que los maneja el Ejecutivo lo que hace que sea un país unitario”, advirtió.

“La Auditoría ve cosas que es importante que vean los municipios y las provincias. Por eso he venido a Córdoba, para que vean y sepan los limitantes que se ven para con esta jurisdicción y que no se ven para con otras”, explicó, y agregó: “En lo que hace al manejo concentrado de la caja nacional, en la historia de las últimas décadas este gobierno es el que mayor uso hizo de su poder discrecional. Nunca hubo un gobierno tan unitario”.

Y concluyó: “Es el que más uso hizo de los superpoderes, de los DNU y también de la facultad que tiene de usar los excedentes presupuestarios. Nunca ha habido un gobierno en la historia que haya tenido mayor capacidad para distribuir los fondos de manera discrecional. Hace unos 8 ó 10 años las transferecias discrecionales representaban 12% de las que se hacen por coparticipación. Hoy casi representan el mismo porcentaje que los de la coparticipación. Los subsidios han crecido enormemente”.

Fue en octubre…

Desconocieron a Despouy como titular de la AGN

El 4 de octubre, el oficialismo dio por vencido el mandato del titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, en una reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que terminó en escándalo porque el jefe auditor aseguró que se estaba cometiendo “un golpe de Estado institucional”. El titular de la comisión Mixta, el diputado Fabián Ríos (FPV), indicó, antes que empezara a exponer sobre el plan de trabajo de la AGN para el año próximo, que el oficialismo desconocería la presidencia de Despouy porque su mandato estaba vencido desde el 19 de marzo de 2010 y el radicalismo debía comunicar su sucesor para que, en un trámite “inmediato”, ambas cámaras parlamentarias emitieran un decreto conjunto ratificando la designación.