Canepare manifestó que los cesanteados corresponden a la totalidad del personal designado entre el 1º de abril y el 1º de diciembre de 2011. Detalló el proceso que convalida la decisión gubernamental, declaró que se realizó “un análisis y evaluación seria y responsable, donde los jefes de área, más el examen que se hizo con el Censo municipal, permitieron llegar al conocimiento de datos” que sustentaron la decisión. La conclusión reside en que “se pudieron advertir irregularidades en el acto de nombramiento”.

Analizando los puntos describió que “lo más grave es que no existían las vacantes, previstas presupuestariamente para hacer esas designaciones”. El año pasado el Municipio “se encontraba habilitado para realizar hasta 629 cargos, en realidad cubrió 796; en realidad hubo un exceso de 167 que no tuvieron cobertura legal, situación que fue advertida por nosotros. ElTribunal de Cuentas hace su propio análisis y nos informa que esa situación era sumamente grave, no solamente por la gestión que llevaba adelante esos nombramientos, sino para la gestión actual que convalida los sueldos mes a mes por no contar con la vacante para ser designados. Ese fue el punto más sobresaliente, porque el Tribunal nos exigió tomar cartas en el asunto para eludir responsabilidad de algo que nosotros no habíamos resuelto”, expuso.

Agregó que las designaciones masivas se ejecutaron el 1º de julio y la otra el “el 1º de noviembre donde se realizaron 124 decretos para designaciones, es decir luego de haber transcurrido un proceso electoral donde la gestión sabía que el 10 de diciembre debía dejar la administración municipal. Lo hizo irresponsablemente cuando no tenía la atribución ni reunían los requisitos para hacerlo”.

Otra cuestión analizada es operativa. Dijo que “los procesos de selección incumplían con el estatuto del empleado municipal. Esto también tuvo un perjuicio para el resto de los empleados, porque un empleado debe hacerlo desde la categoría inicial, sino que muchos lo hicieron como jefe de departamentos”, los que debían concursarse. Agregó que hubo designaciones con “categorías jerárquicas, 2, 3 o 5, cuando la categoría inicial es 16”.

También explicitó que “no se advertía la evaluación de la idoneidad de las personas para ocupar el lugar para el cual había sido nombrada, que también se tendría que haber expresado en el acto de nombramiento”. En un mismo sentido remarcó la “ausencia de exámenes preocupacionales, lo cual es obligatorio por ley. Las condiciones psicofísicas no son las mismas para un trabajo u otro. Hoy podemos tener personas que tal vez no reúnan los requisitos físicos para desempeñarse en determinada función, lo cual puede acarrear perjuicios al Municipio por problemas de salud que se deben a que no se detectaron al momento de la designación”.

Se sabía que iba a suceder

Era un rumor a viva voz, que la situación de las últimas designaciones podía llevar a una revisión. El funcionario del gobierno que lidera Eduardo Bucca no esquiva la pregunta. Acepta que “ya habíamos conversado con los dos sindicatos que la estabilidad no se adquiere hasta el año de la designación, donde termina el período de prueba y donde el agente es evaluado en su desempeño y, eventualmente, la administración puede resolver si continúa ese vínculo”.

Canepare especifica que “en éste caso no se ha hecho hincapié en la idoneidad de las personas, porque tenemos agentes que están incluidas en éste decreto, y que han venido con designaciones en planta temporaria desde años anteriores”, sino que lo que se ha realizado es evidenciar “el incumplimiento de formalidades esenciales en la designación, y a su vez la ausencia de un estudio económico financiero”.

Ejemplifica que la decisión se ha tomado hoy, “y no el 12 de diciembre, porque hubiera sido irresponsable de nuestra parte, sin conocer la situación económica y del personal del Municipio. Hoy se puede informar la presentación del Balance, quearroja datos que no son favorables desde el punto de vista económico. En el decreto también se hace referencia a la deuda que ha debido afrontar ésta gestión desde el 10 de diciembre y una proyección económica para 2012, donde es de público conocimiento la disminución de la coparticipación en alrededor de 5 millones de pesos, un conjunto hace que –independientemente- de la legitimidad, tienen que ver con la viabilidad económica en el tiempo, es decir sostener una masa salarial que se incrementó de abril a diciembre en un 50,4%. Para dar cifras más concretas en marzo 2011 el municipio pagaba una masa salarial $2.844.000 y al mes de diciembre 4.278.000”, sostuvo.

Martes 3, día D

El martes la mayoría de los trabajadores volverá a sus actividades.

Canepare sabe la sensibilidad que está en juego, no duda en insistir. Afirma que “hoy nos encontramos con que no hay vacantes para ocupar planta permanente. Desde el 10 de diciembre no se ha hecho una designación en planta permanente, porque cuando lo realicemos lo vamos a hacer cumpliendo con todos los procedimientos de la ley. Es necesario también que ésta situación se plantee en el Concejo Deliberante, porque las vacantes se habilitan por Ordenanza de Presupuesto, lo que no ha sucedido. Tal vez el Ejecutivo se quedó con muy pocas vacantes y no se remitieron al Concejo”. Agrega que “fue irresponsable la decisión de premiar a una persona con una designación que de antemano se sabía que no se podía realizar o se iba a someter a una situación como la de hoy”.

Quienes reingresen el martes “dependerá de la información que nos vaya otorgando cada una de las áreas. Cada director informará a Recursos Humanos la necesidad de cubrir nuevas funciones con agentes, donde se evaluará la posibilidad de retomar a parte de las personas que hoy ha cesado en su función o de lo contrario continuar con el personal que quede”. Por lo tanto “estará sujeta a las necesidades de servicio que tenga el Municipio, y de retomarse a alguno de ellos, se va a hacer mediante un procedimiento que se encuadre legalmente, no vamos poder designarlo nuevamente a planta permanente” porque no se cumpliría ninguno de los antecedentes ya descriptos y que, precisamente, justifican la decisión de hoy.

Persecución política, no

Canepare es sintético al respecto. Explica que “de ninguna manera se puede considerar como una persecución porque se han incluido todas las designaciones de planta permanente del 1º de abril al 1º de diciembre sin hacer ningún tipo de discriminación. Si uno hubiera querido tomar una medida diferente, el número de personas no sería de 183, sino que sería menor”.