Sucede que las cerca de 1.300 personas que aquí forman parte del Programa de Asistencia Financiera, que meses atrás instrumentó el Ministerio, aún no percibieron el salario mínimo vital y móvil de 1.840 pesos.

Dicha suma, tal cual lo manifestó días atrás el subsecretario del Interior, Pablo Gordillo, iba a ser abonada recién después que la provincia hiciera frente a los aguinaldos, pero, como el lunes el gobernador Daniel Peralta hizo el anuncio y aun se desconoce cuándo se pagarán los subsidios, los ánimos volvieron a caldearse.

La manifestación de ayer contó con la participación de cuatro agrupaciones que se manejan por separado del resto, con diferentes días y horarios de asambleas, pero todas comparten la plaza 20 de Noviembre como escenario común para sus discusiones.

La visita de ayer a la Municipalidad no fue menos infructuosa que la de días anteriores. Ayer nadie los recibió. Junto a ellos participaron las mujeres que alguna vez formaron parte de la empresa de remediación ambiental Empasa, pero que luego, tras su disolución, pasaron a Minera Tres Cerros, y hoy no cobran.

En la oportunidad, el grupo dejó un petitorio a la comuna, el segundo que el gobierno de Cotillo recibe en menos de 48 horas tras que el lunes la UOCRA les pidiera gestionar mayor obra pública.

De hecho, el eje del documento fue el mismo: solicitarle al municipio que interceda en la generación de obras que les permitan abocarse a la construcción, hasta tanto surjan novedades de los puestos de trabajo que se comprometió a gestionar el Ministerio de Gobierno.

En rigor, vale recordar que sobre fines del mes de abril volvieron los cortes de ruta a esta ciudad, tras un largo periodo en que parecían historia. Habiéndose hecho cargo de la cartera de Gobierno hacía poco, Córdoba fue la figura que la provincia instruyó para mediar en los conflictos.

Con el primer acuerdo, se fueron dando una seguidilla de otros cortes también protagonizados por desocupados, hasta que el 11 de mayo, el Ministerio puso en marcha el Programa de Asistencia Financiera, mediante el cual otorgó subsidios a cambio del levantamiento de los bloqueos.

En el medio, el padrón de beneficiarios se fue depurando, habida cuenta de que muchos no se encontraban en una situación de urgencia, y otros eran simplemente menores de edad.

Al día de hoy, los datos oficiales sostienen que en Caleta se pagan 1.300 subsidios, pero como quedarán sin efecto en diciembre, es que ahora una porción de esos beneficiarios solicita que se cumpla con el acuerdo firmado.

Dicho acuerdo incluía la promesa de una fuente laboral genuina, al margen de las tareas de contraprestación de cuatro horas diarias que aun no fueron instrumentadas.

“Las posibilidades laborarles que se mencionan quedan perfectamente entendidas, surgirán de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno provincial en un plazo no mayor de 60 días”, reza el acta acuerdo firmada con la agrupación 60/70, que ejemplifica los fundamentos que ahora los desocupados tienen para exigir trabajo.

Detrás de los conflictos más resonantes, como el de los municipales, la UOCRA y los desocupados está la intervención del Ministerio de Gobierno que intentó atajar los frentes, bajo la premisa del Gobierno provincial por adoptar una actitud proactiva en el flanco norte.