El alto tribunal resolvió que el planteo elevado por la Mesa de Tierras excede al marco de la causa abierta en 2008.
El citado agrupamiento, en el que también confluyen referentes de entidades como Asociana, Fundapaz y la Federación Agraria Argentina, había denunciado supuestos avances de desmontes en áreas abarcadas por la medida cautelar con que la Corte los prohibió desde diciembre de 2008.
Según la presentación de la Mesa de Tierras, entre el 22 de enero y el 21 de octubre del año anterior se habrían producido desmontes en zonas prohibidas para esa actividad. En este contexto, la organización del norte provincial solicitó que la Corte, a través de imágenes satelitales, determine si se realizaron desmontes y que extreme el control del cumplimiento de la prohibición dispuesta por el propio tribunal.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda rechazaron el planteo, al sostener que excede el marco de la causa que lleva la Corte. En el fallo, los magistrados remarcaron que determinar la magnitud de los eventuales desmontes “sólo podría dar lugar eventualmente a reclamos vinculados con las consecuencias dañosas que esos hechos pudieran haber ocasionado, cuestión que excedería el marco de este proceso”.
De esta forma, el máximo tribunal del país tomó distancia de las facultades y competencias que recaen sobre organismos de aplicación provincial a cargo del control y fiscalización en materia ambiental.
A fines de 2008, la Corte Suprema hizo lugar a un reclamo de grupos aborígenes wichis y prohibió, mediante un fallo cautelar, las tales y desmontes en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. El tribunal ordenó después la realización de un estudio de impacto ambiental, para avanzar sobre la cuestión de fondo: un pedido de inconstitucionalidad y nulidad de las autorizaciones concedidas a lo largo de varios años, como así también que se prohiban nuevos permisos.
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