“Desde el lanzamiento del Plan Minero Nacional, en 2003, la actividad minera en el país ha crecido con niveles históricos”, dijo el secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, al tiempo que detalló que “el número de proyectos mineros creció por arriba del 900%, las inversiones superaron el 1.100% y la producción se triplicó”, como también “la creación de nuevas fuentes de empleo se ubicó por arriba del 500%, con más de 500 mil puestos de trabajo”.

El funcionario nacional destacó asimismo los resultados obtenidos contra todos los pronósticos mundiales durante 2009, en que arrasó la crisis económica financiera y se esperaba una baja performance para la actividad. Por el contrario, “Argentina materializó verdaderas políticas de Estado y consolidó la actividad, y terminamos el año de crisis con la inauguración de cuatro nuevos proyectos productivos de escala internacional: Pirquitas (Jujuy), Manantial Espejo (Santa Cruz), Sierra Grande (Río Negro) y Gualcamayo (San Juan)”.

“Recuperamos la producción nacional de hierro, impulsamos la exploración de litio y nos ubicamos entre los principales productores de oro de la región”, añadió Mayoral.

También destacó de ese año “la concreción del acuerdo con Chile, en el marco del Tratado Minero, para desarrollar Pascua Lama, uno de los proyectos auríferos más valiosos a nivel mundial y el primero a realizarse entre dos países con una inversión de 3 mil millones de dólares, la mayor de una empresa canadiense fuera de su país”. Además: “Potasio Río Colorado, uno de los mayores reservorios de sales de potasio, y proyectos como Cerro Negro y el litio de la Puna también avanzan a aceleradamente, lo que demuestra claramente el panorama de los escenarios de prosperidad y seguridad a nivel de inversión que garantiza nuestro país”, dijo el funcionario nacional.

En una extensa entrevista que difundió la Agencia de Información Minera (AIMSA), Mayoral también se refirió al proyecto de Ley de Glaciares del diputado Miguel Bonasso, y explicó que la presidenta Cristina Fernández vetó la ley en 2008 “porque avasalla los derechos constitucionales de las provincias y atenta contra el federalismo, porque el artículo 124 de nuestra Constitución deja en claro que las provincias son las dueñas de los recursos, incluidos también los glaciares”.

“El tema es que muchas de las provincias que tienen glaciares tienen actividad minera, por lo cual se relacionó el veto de la presidenta con la capacidad de lobby de las mineras. Pero la ley también afectaba a la actividad de hidrocarburos, la gasífera y otros asuntos como la ciencia y la investigación”, indicó Mayoral, al tiempo que añadió que “si eso seguía adelante, la Argentina se hubiera visto impedida, por ejemplo, de tener una base de investigación en la Antártida. Además, se privaba al Estado nacional y a los estados provinciales de ir adelante con la obra pública y la vivienda, o de los pasos fronterizos con Chile, para aprovechar la salida al Pacífico”.

Para el funcionario, “hay que trabajar por una ley que, al mismo tiempo que vela por el resguardo del recurso natural glaciar, pueda arbitrar y normar para que las provincias tengan un ingreso genuino a partir de sus recursos naturales”, lo que señaló “es dar muestras de que pueden convivir de manera sustentable el turismo, las actividades productivas y las actividades de servicios”.

Requerido sobre el apoyo oficial a un nuevo proyecto tratado en Diputados sobre la ley de glaciares, que se atribuyó a un acuerdo entre el diputado Bonasso y el senador Daniel Filmus, Mayoral explicó que “lo que inviabilizaba el primer proyecto eran los artículos 2 y 6, porque avasallaban el federalismo y contrariaban a la Constitución Nacional, además de prohibir en forma discriminatoria el desarrollo de actividades productivas y de servicios. Como el proyecto de Bonasso sólo tuvo cambio de palabras y no hubo un tratamiento correspondiente, el bloque nuestro actuó en consecuencia y votó el proyecto de ley sancionado en forma unánime por todos los bloques en el Senado y con dictamen de minoría en Diputados”. En tal sentido, remarcó: “queremos el tratamiento de una ley seria, de una ley responsable”.

En otro pasaje de la entrevista, Mayoral se ocupó de desmitificar el supuesto consumo indiscriminado de agua para minería, y aseguró: “nosotros adherimos con las dos manos a los que dicen ‘El agua vale más que el oro’”, al tiempo que remarcó que “la minería no usa la cantidad de agua que algunos aseguran, y además, en el 95% de los casos el agua es buscada, detectada, extraída y pagada por los propios operadores, bajo el cumplimiento de las normas estrictas que fijan las reglas en la Argentina y en las provincias, dueñas de sus recursos”.

Como ejemplo trajo, entre otros en el país, “un proyecto minero en Santa Cruz que usa 1 m3 de agua por tonelada de mineral tratado por día. Según datos del INTA, las cerezas de exportación de Los Antiguos consumen 100 m3 de agua por hectárea por día. Si se hace el paralelo con la producción local de cerezas, ese proyecto representaría apenas 20 hectáreas más del fruto, muy poco si consideramos que actualmente hay más de 3500 hectáreas de cereza en la zona”.

Mayoral también se encargó de los supuestos sobre la contaminación en las aguas de montaña y el uso de cianuro, diciendo que “en la minería los circuitos de la metalurgia son cerrados; esto tiene una razón económica: el agua es el elemento que recolecta el mineral. Si se escapa el agua, se escapa el mineral, producto del negocio. Por ello, los compartimentos donde circula el agua para el proceso metalúrgico son absolutamente estancos”.

Agregó que “en muchos casos, las aguas de altura tienen alta presencia de metales y sales, por lo cual no son aguas aptas para el consumo humano, contrario a lo que dicen las publicidades. Por ejemplo, en La Rioja, en Famatina, el río Amarillo es amarillo de verdad. Su PH demuestra una alta acidez que imposibilita el consumo humano. Si una empresa tuviera que captar esa agua para un uso industrial, lo primero que tiene que hacer es tratarla, hacerla neutra. De esta manera, cuando el agua vuelve al curso natural después del proceso industrial, vuelve en condiciones mejores de la que era captada. Esto es lo que los tecnólogos llamamos ‘los impactos positivos sobre los recursos’. Se toma un agua mala, se convierte en buena y se vierte otra vez sobre el curso de antes, mejor que la que hay en la naturaleza”.

Sobre la utilización de elementos como el cianuro, dijo que “es un sólido orgánico, de los carbonos. Sirve para arrancar los metales preciosos de los minerales. Pero no se usa en todos los procesos mineros. Con el cianuro sucede lo mismo, si se pierde, también se pierde el mineral. Pero aún cuando se escapara agua con cianuro, la infraestructura de mina está preparada para ello y se permeabilizan los suelos, con metros de arcillas y membranas de última calidad. El mejor ejemplo es lo sucedido en Chile: con el terremoto se derrumbó todo tipo de estructuras, excepto las obras de producción y de infraestructura mineras. Esto es porque la actividad tiene estándares de cumplimiento que son los más rigurosos, por sobre el resto de las actividades”.

Sobre las objeciones a la minería a cielo abierto, el funcionario observó que “en general, se objeta que las superficies expuestas a la extracción quedan con un hoyo en la tierra, atentatorio contra los recursos de flora y fauna del lugar, concepto que viene de Greenpeace de América Central, en donde la franja es angosta y en muchos casos se ve de costa a costa. En ese contexto, una cantera en una porción tan angosta puede generar perjuicios”.

Por el contrario, afirmó que “Argentina es el octavo país del mundo en territorio, con muchos lugares de la Cordillera que están despoblados, adonde nunca llegó el Estado, la inversión ni el trabajo. Nuestra montaña es mayoritariamente árida, comparable a los principales desiertos del planeta. Están allí los mayores niveles de evaporación y los mayores gradientes térmicos que soporta la humanidad, no nace vegetación y casi no hay desarrollo de fauna. En esas condiciones, 200 hectáreas no parece mucho. Algunos dicen ‘nos vuelan los cerros, nos vamos a quedar sin montañas’. Esto es no conocer la montaña. En San Juan, lo que la minería emplea de terreno es el 0,0001% de la montaña, en una provincia donde el 80% de su territorio es montañoso”.

Para Mayoral, “la minería a cielo abierto es fácilmente controlable porque todo se ve, es indisimulable, tanto lo que se hace bien y lo que se hace mal. Pocas actividades tienen incorporado el concepto del control y el monitoreo. Y sobre todo, la minería es la única actividad en Argentina que tiene una ley ambiental específica, de cumplimiento estricto”. “Esta ley, entre otros puntos, establece que previo a la realización de la faena, en cualquiera de sus etapas (prospectiva, exploratoria o productiva) el operador minero debe presentar ante la provincia, dueña del recurso, un Informe de Impacto Ambiental, el cual incorpora el concepto de audiencia pública, para tener la licencia que te permite hacer la tarea”, añadió el funcionario.

Sobre los controles a la minería, Mayoral trajo otro ejemplo concreto, para señalar los “altos niveles de controles” que hay sobre la actividad en nuestro país: “la minería, para comprar un litro de aceite nuevo, tiene que entregar un litro de aceite viejo. Antes de entregarlo se centrifuga para separarle los metales. Y lo vuelven a meter al mercado, porque sale en muy buen estado. Y los metales se destinan a lugares acondicionados especialmente para guardar los desechos”, en tanto, se preguntó si “¿alguien sabe a dónde va el aceite de su auto cuando lo cambian?”

Más adelante aclaró que “el Gobierno nacional no tiene nada que ver con el otorgamiento de licencias para hacer minería”, sino que “es estrictamente provincial y son las provincias las que conceden los recursos. Son concesiones, por lo cual en Argentina no hay dueños de minas, sino operadores, que realizan sólo los gobiernos provinciales. Además, la provincia es también autoridad de aplicación ambiental y de higiene y seguridad en el trabajo”. Añadió que “el Gobierno nacional es algo así como el inflador anímico para salir a buscar inversiones, para pensar el desarrollo de un país con mayor equilibrio entre sus regiones”.

Consultada finalmente una visión de la minería para los próximos años, enfatizó su convicción de que “vamos a seguir creciendo” y anunció que “en breve se construirán al menos 15 proyectos mineros de envergadura internacional, con inversiones por arriba de los 130 mil millones de pesos y la generación de 450 mil puestos de trabajo. Estaremos entre los 5 principales países productores de cobre del mundo, entre los tres primeros en plata, uno de los seis más grandes en oro y entre los primeros en litio, potasio y boratos”. Añadió a este panorama “el cumplimiento de los estándares internacionales y leyes vigentes para el desarrollo ambientalmente sustentable y en complementación con todos los sectores de la producción y la economía”, lo que evaluó “posibilitará en las zonas más alejadas del país una nueva esperanza de desarrollo, trabajo, inclusión y arraigo poblacional para miles de argentinos”.