La Transportadora de Gas del Norte (TGN) apeló la medida cautelar que dictó el juez federal Julio Bavio, el 7 de julio, luego de que mil familias de la ciudad de Salta, San Lorenzo y Vaqueros quedaran sin gas en sus hogares por responsabilidades que el Gobierno provincial atribuyó al Enargas y a la empresa transportista. En la acción judicial, el Ejecutivo salteño había señalado que, al momento de los cortes, la presión del gasoducto de TGN había caído de 57 a 50 kilos en el punto de entrega a Gasnor. En su descargo, la transportista sostuvo que en todo momento cumplió con el contrato vigente con la distribuidora y el acuerdo particular que rige para la estación de Torzalito, donde nace el gasoducto que alimenta a la ciudad de Salta y pertenece Gasnor. TGN precisó que dicho acuerdo establece “una presión mínima garantizada de 40 kilos” y el compromiso de la transportista de “realizar los mejores esfuerzos” para mantener “una presión mínima operativa de 50 kilos” en los días de máxima demanda.

En tal sentido, TGN aclaró que las presiones en el punto de entrega nunca bajaron de los 50 kilos (esto es un 25% por encima de la presión de entrega contractual) y que las consecuencias adversas para usuarios salteños resultaron de “limitaciones operativas en el sistema de Gasnor”.