Allí recibió uno o varios golpes en la cabeza, que le provocaron múltiples coágulos cerebrales y a posteriori, la muerte cerebral. El personal de guardia y el Jefe de la Seccional insisten en que el artesano se autoinfringió el daño, sin ahondar en explicaciones sobre la tardía atención médica, que se dio 14 horas después de producido el ataque y la detención. El juez de Instrucción Penal Nº 1, Marcelo Cardozo, que investiga el caso, reconoció públicamente que la agresión tuvo lugar dentro de la comisaría. Por su parte, la familia y el mencionado Gómez, sostienen que el personal de la seccional fue responsable por la agresión y el agravamiento del estado de salud del artesano.

En un caso tan grave como el descripto, se esperaría que los máximos responsables de la seguridad en la provincia, el Comisario General Jorge Munaretto, el Subsecretario de Justicia y Seguridad Julio Lenzken, y –sobre todo- el Ministro de Gobierno, Jorge Franco, se hubieran pronunciado al respecto. Pero no fue así. A más de 30 días de la presuntamente brutal agresión policial seguida de abandono de persona, ninguno de los funcionarios se ha acercado a la familia o declarado nada sobre el caso. Y la familia, sin otra opción más, recurre al último recurso: el autoencadenamiento y la huelga de hambre pública. Ya lo han perdido todo, pero no la dignidad.

Es preciso tratar de echar algo de luz sobre el escabroso caso, paradójicamente, mostrando los puntos oscuros del mismo. En la tarde de aquel sábado 16 de julio, uno de los médicos que se encontraba trabajando en el Hospital de Agudos Ramón Madariaga, reconoció a Paz y avisó a sus familiares sobre la internación. Si el artesano sufrió heridas dentro de la comisaría y fue trasladado de urgencia, cabe preguntarse por qué el personal policial no fue quien dio aviso a los familiares del detenido. De acuerdo a los testimonios de Gómez, estuvo reclamando la atención médica para su amigo durante varias horas, pues el artesano había sufrido convulsiones durante. Pero el responsable del turno vespertino aquel día, el cabo Amarilla, no hizo caso de los requerimientos sino hasta pasadas las 13 horas, cuando Paz ya se encontraba en grave estado. Las primeras versiones indican que los demás detenidos habían advertido a los oficiales sobre el estado de salud de Paz. Sin embargo, tal como lo advirtió el comisario Cerdán, haciendo gala de una alta dosis de cinismo, “hay que ver qué declaran”. No sería de extrañar que declaren exactamente lo mismo que los policías implicados, la influencia de los segundos sobre los primeros, puede jugar un papel determinante. No obstante, la mitad de los detenidos declararon que el artesano fue ingresado inconsciente al calabozo, lo cual invalida la poco creíble, hipótesis de la “autolesión”.

Con el correr de los días, se conocerán mayores precisiones sobre la investigación que lleva adelante el juez Cardozo, en la que se probará -o no- que los efectivos de la Comisaría Tercera son los responsables directos por los apremios ilegales, las lesiones graves, el incumplimiento de los debéres del funcionario público y el abandono de persona. Las pesquisas también determinarán si hubo negligencia o no del médico policial, que revisó a Gómez y ordenó el traslado de Paz. El galeno presentó un informe en el que indicó que no había personas con su salud comprometida, en la mañana de ese día.

Pero no nos quisiéramos detener en esta cuestión, que con mucha suerte, condenará a los culpables. Simplemente destacaremos el rol que juegan las máximas autoridades de la seguridad en la provincia, con el ministro Jorge Franco a la cabeza. Aún en el caso –a todas luces más que inverosímil- de una “autoagresión” del artesano, éste sufrió daños irreversibles dentro de una comisaría de Posadas. Lo mínimo esperable por parte del ministro o algún funcionario bajo su mando, sería el diálogo con la familia damnificada, que ha perdido a uno de sus integrantes y al mismo tiempo uno de los sustentos del hogar. La familia que se compone de cuatro personas, Nancy De Lima (la esposa de Paz) y sus dos hijos –un varón mayor de edad y una adolescente-, se ha visto desgarrada desde todos los puntos de vista posibles: económico, psicológico, laboral, sentimental, existencial, etc. Como lo expresaba De Lima en la mañana de hoy: “nos arruinaron la vida”. Ellos no han recibido ningún tipo de asistencia, ni siquiera palabras del indolente ministro Franco. La otra víctima de los presuntos apremios ilegales de aquella noche, , un tucumano de mediana edad que padece de epilepsia, perdió su documentación y, en consecuencia, no puede percibir sus haberes. Solicitó audiencia con Franco en tres oportunidades y jamás fue atendido. Entonces, recurren a la medida extrema: la huelga de hambre en las mismísimas narices de los funcionarios.

La interrogante que cae de madura parece ser: ¿cuál es la función del Ministro de Gobierno? Desde luego, no se puede esperar que el importante ministro se dedique personalmente a cada uno de los lamentablemente numerosos casos de abuso de autoridad, apremios ilegales, encubrimiento de crímenes, etc., que salpica a la policía provincial. Pero en un caso excepcional, dramático, como éste, se podría esperar una participación más activa del máximo responsable por la seguridad de los ciudadanos. Aunque exceda sus funciones, por mera cuestión de ética y hasta de humanidad. Pero no. Franco no puede mostrar una mínima sensibilidad con las víctimas del accionar policial, lo que podría ser interpretado como una desautorización y desaprobación de la ya de por sí, cuestionada fuerza. El ministro sólo puede desautorizar a los policías cuando actúan como cualquier otro trabajador estatal y reclaman por una jubilación digna –es decir, un blanqueo de una proporción del salario en negro que paga el gobierno renovador.

Quizás la función de Franco se limite a la persecución de las protestas sociales provocadas por la neoliberal política implementada por el gobernador Maurice Closs en materia laboral. De hecho, por orden del “inteligente” ministro, esta madrugada partieron rumbo a Montecarlo, el Grupo de Elite de la Policía y el Grupo de Operaciones Especiales, con el fin de “disuadir” a tareferos y docentes que reclaman por mejores salarios. Por otra parte, Franco ya ha presentado una demanda judicial contra el dirigente de la CTA Rubén Ortíz, por liderar un corte de ruta en 2009. Hasta el momento, Franco ha demostrado que ése es su trabajo. Escuchar y asistir a las víctimas de la inseguridad –la que proviene de la policía y la que no- no constituye su problema.