Apocas semanas de cumplirse un año de gestión, la relación entre el Gobierno y el empresariado está "desgastada", como admitió el propio presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo. La media sanción del impuesto a las grandes fortunas fue la gota que rebalsó el vaso, sobre todo por la rapidez con la que avanzó el proyecto.

Por eso, en las últimas horas no tardaron en publicarse los comunicados de la UIA y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), quienes se manifestaron en contra del impuesto que impulsan los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller.

Lo cierto es que los efectos de la pandemia aceleraron el deterioro de la relación del sector privado con el Gobierno. Sucede que, mientras las restricciones para prevenir la expansión del virus siguen vigentes, el Ministerio de Economía dio por terminada la asistencia del Estado a las empresas para fin de año, lo que genera malestar en varios sectores del mundo privado.

Por ejemplo, las compañías todavía tienen parte de su plantilla laboral en licencia por ser personas de riesgo y continuarán así hasta, por lo menos, la llegada de alguna vacuna al país. Pero el Tesoro, apremiado por la necesidad de bajar el gasto fiscal, confirmó que la Asistencia de Emergencia Trabajo y Producción (ATP), el programa que ayuda a pagar parte de los salarios de las empresas, finalizará el mes que viene.

Para compensar, al mismo tiempo se anunció el regreso del programa de Recuperación Productiva (Repro), que pagará durante dos mes hasta $9000 por empleado.

En un gesto al sector privado, el presidente Alberto Fernández participó este año del Coloquio de IDEA, pero su discurso de más de 40 minutos no convenció al empresariado Fuente: LA NACION

Las cuestiones sanitarias no son las únicas restricciones que continúan. El Gobierno extendió la prohibición de despedir trabajadores, que vencía a fin de mes, por 60 días, y está analizando en qué sectores continuará la medida de indemnización doble.

Durante el año, otras medidas extrasanitarias aumentaron también la desconfianza del sector privado con los funcionarios. Entre ellas se encuentran el intento de expropiación de Vicentin, la pelea de los intendentes del conurbano con Edesur, la decisión repentina de declarar servicio público a las telecomunicaciones, la sanción de la ley de teletrabajo y la de regulación del etiquetado frontal de alimentos envasados.

Los empresarios cuentan que el Gobierno los convoca a dar su opinión, pero que después prima lo político y avanzan con los proyectos "originales".

"No veo la relación desgastada. Hay distintas dinámicas, en algunos aspectos coincidimos con el Gobierno y en otros hicimos observaciones", dice el dirigente textil José Urtubey, quien destaca la baja de las retenciones durante los últimos tres meses del año, el aumento del reintegro a las exportaciones, la cantidad de créditos subsidiados que se dieron y la posibilidad de compensar aportes patronales como crédito fiscal en el IVA para los productores de economías regionales (decreto 814).

Entre las observaciones, si bien figura la ley de teletrabajo, Urtubey indica que están en diálogo con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para su reglamentación.

Cuando se deja de lado el análisis micro y se mira con detalle la macroeconomía, el panorama no luce mejor. El empresariado critica la falta de un rumbo claro del Gobierno, quien se resiste a presentar un programa económico. El cambio en las reglas de juego es otro de los problemas constantes del país que más molesta a las personas de negocios.

Si bien el sector privado valora que se haya logrado cerrar un acuerdo con todos los acreedores privados externos, creen que los beneficios de dicha reestructuración no se ven, ya que el riesgo país se mantiene en niveles altos y no hay dólares para que las compañías puedan pagar sus compromisos financieros.

Tampoco genera tranquilidad el nivel de reservas del Banco Central y las brechas en el tipo de cambio, que alientan las expectativas de devaluación y, por lo tanto, de una aceleración inflacionaria, en un contexto de tarifas de gas, luz, transporte y telecomunicaciones congeladas.

"Con estas medidas se ve que es un país con poca vocación de crecimiento y de inversión, todo se quiere resolver incrementado las cargas sobre el sector privado. El Gobierno dijo que no cree en los programas económicos integrales y, por lo tanto, va corriendo la raya para evitar tomar un rumbo concreto. Estamos subsistiendo y empieza a preocupar cuando pasa mucho tiempo así", concluyó un empresario en off the record.

Por: Sofía Diamante