El Jurado de Enjuiciamiento d Magistrados y Funcionarios bonaerense resolvió ayer en votación dividida desestimar la posibilidad de abrir un jury contra un juez de Garantías y dos fiscales platenses que habían sido denunciados por su actuación en la investigación del denominado “triple crimen de los Policías”, ocurrido en septiembre de 2007.

Según informaron fuentes de ese organismo a este diario, dos conjueces y dos legisladores de los que integraron el Jurado entendieron que las acusaciones contra el juez César Melazo y los fiscales Marcelo Romero y Maribel Furnus no ameritaban la apertura de un juicio político en su contra. En tanto, el resto del cuerpo, una legisladora y el titular de la Suprema Corte de Justicia Eduardo De Lázzari, votaron en sentido contrario.

Con todo, en el cuerpo hubo unanimidad en torno a la propuesta para que lo resuelto sea comunicado a la Suprema Corte con un pedido para que el juez Melazo y los fiscales Romero y Furnus reciban “algún tipo de apercibimiento o sanción disciplinaria porque hubo un reproche en torno a su actuación en esta investigación”, dijo a este diario un legislador que integró el cuerpo.

En la denuncia que motivó esta intervención se plantea que “durante más de cinco meses hubo una absoluta inactividad de los fiscales en la causa”.

La presentación fue realizada por el abogado Alejandro Montone, que la semana pasada también interpuso una demanda civil, en representación de Raúl Barnes, quien estuvo detenido en el marco de la causa, por una suma cercana a los 700.000 pesos contra Melazo y los dos fiscales por “daños y perjuicios”.

En la denuncia se afirma que Melazo ordenó en esa causa “medidas de instrucción previamente acordadas con el fiscal Romero y así, lejos de custodiar la efectividad de la regulación del debido proceso, se arrogó funciones propias y exclusivas del ministerio público”.

También se aseguró que “la conducta desplegada por el juez Melazo habría incurrido en el tipo penal que reprime con pena de prisión e inhabilitación al funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo”.

Sobre el fiscal Romero, el denunciante sostuvo que “en absoluta violación al principio acusatorio, acordó con el juez de Garantías la realización de medidas de prueba y delegó en él su ejecución, cuando el bloque legal no le atribuye esa capacidad”. El denunciante consideró que de esa forma habría cometido “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos”.

“NO HAY NADA QUE FESTEJAR”

Tras la resolución, el juez Melazo dijo a este diario que “no hay nada que festejar, estoy preocupado por la falta de independencia del Poder Judicial y la falta de valor y compromiso de algunos jueces y fiscales, muchos ex funcionarios en seguridad, en la lucha contra el narcotráfico”.

También afirmó que “cualquier persona puede pedir el juicio político de un magistrado, pero cuando los denunciantes son narcotraficantes, y con severos antecedentes de delitos contra la propiedad y por tenencia de armas, y sus abogados son ex presos, en esos casos da asco que utilicen los mecanismos de jury sin nada que perder después de injuriar o calumniar”.

Melazo afirmó que “en el caso de la muerte de tres policías en actividad hubo drogas, y así lo hicieron saber los perros del servicio Penitenciario en dos pericias, y los perros no fueron coimeados”.