E l juez de Control de Garantías Nº 1, Héctor Maidana, desestimó una denuncia penal presentada por el diputado peronista Hugo Argerich en contra del gobernador Eduardo Brizuela del Moral y otras autoridades, a raíz de los graves problemas energéticos que ocurrieron a comienzos de año. De esta manera, hizo lugar a un pedido que le había elevado el fiscal Juan Pablo Morales.

La denuncia data de finales de febrero y fue radicada en sede judicial por el legislador contra Brizuela, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Acuña, y el directorio estatal de la empresa EDECAT.

En aquel momento, la falta de inversión crónica en la red y el aumento desmesurado del consumo generaron una demanda que puso al borde del colapso la prestación energética.

En la presentación, Argerich pidió que se investiguen los supuestos delitos de malversación de fondos y/o administración fraudulenta y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público "por los sucesivos y reiterados cortes en el suministro de energía eléctrica y porque nunca se ejecutaron las obras para evitar el colapso energético con el fondo fiduciario", compuesto con la deuda de los organismos del Estado provincial y los municipios que se reconoció a favor de la distribuidora de luz.

En la presentación se mencionaban publicaciones de EL ANCASTI que dieron cuenta del uso irregular que dio el Gobierno a unos 10 millones de pesos de ese fondo, para pagar boletas atrasadas de EDECAT con su proveedora de energía, en lugar de invertir los recursos exclusivamente en obra para mejorar la infraestructura eléctrica.

Más allá de los fueros del mandatario y el ministro Acuña, Morales buscó determinar si existía mérito para avanzar con la investigación, y luego de requerir distintas pruebas, concluyó en "la ausencia total de figura penal de los funcionarios públicos denunciados".

"Entiendo que lejos está de ser una conducta delictiva la adjudicada a los funcionarios denunciados, pues surge de la documental aportada que no cabe responsabilidad penal alguna, en todo caso de proceder será otro tipo de responsabilidad a investigar que llegado el caso es administrativa, y será la administración pública a través de sus resortes de investigación la que deberá determinar ello", argumentó el fiscal.

Con todos los elementos, Morales requirió la desestimación y archivo de la presentación a finales de marzo pasado, pero recién esta semana fue convalidada por el juez Maidana.