En 1994, cuando se reformó la Constitución, se quiso regularizar esa situación: entonces, el artículo 76 estableció que el Congreso puede delegar sus atribuciones en el Poder Ejecutivo sólo en ciertas condiciones, pero fijándole al Poder Ejecutivo límites determinados (los criterios o bases de la delegación) y un plazo.

La propia Constitución ordenó emprolijar ese gran descalabro legislativo, tarea que el Congreso y el Ejecutivo siempre esquivaron mediante sucesivas leyes de prórrogas. La última fue la ley 26.519, sancionada hace casi un año, que estableció un programa de acción y creó una Comisión Bicameral especial.

El Congreso

Hay varios problemas que conspiran en contra de las posibilidades del Congreso para lograr aquel objetivo constitucional:

* La tarea, por motivos técnicos y políticos, es más compleja de lo que aparece a primera vista. Graciela Camaño (PJ Federal); Ricardo Gil Lavedra (UCR), Elisa Carrió (CC) y Alfredo Dato (FPV) vienen estudiando con mucho detenimiento el tema. También trabajaron constitucionalistas (Alberto García Lema, Alfonso Santiago y Enrique Paixao). Pero cada sector tiene distintas miradas.

El Gobierno pretende seguir ejerciendo sus atribuciones; el PJ Federal y la Coalición Cívica consideran que el Ejecutivo puede aprovechar las atribuciones que surgen de los reglamentos que ya dictó en virtud de aquellas leyes delegantes, pero no puede modificarlas porque cesa la autorización dada por esas mismas normas (por ejemplo, cesa la autorización para dictar nuevos reglamentos para cambiar alícuotas) y, por su parte, la UCR sostiene que habría que revisar ley por ley.

* El segundo problema es que el Congreso, para poder realizar esta tarea, necesita expedirse mediante leyes. Y si algo le cuesta al Congreso, y especialmente a la oposición, es lograr la media sanción en el Senado. Por eso, la posibilidad de revisar ley por ley -que, en algún momento, también fue contemplada por el Peronismo Federal- no tendría mucho horizonte.

La mayoría de las 1500 leyes que delegaron atribuciones a lo largo de la historia ya cumplieron su objeto, por lo cual habría que derogarlas. Y, otras, que siguen produciendo efectos, habría que adecuarlas. Pero, para todo eso, se necesita que oficialismo y oposición tengan vocación de dictar leyes. Sin embargo, donde el desencuentro político producirá más incertidumbre, será respecto de un paquete de unas 30 leyes, que son las que más preocupación pueden despertar en el Poder Ejecutivo.

Adecuar ley por ley requeriría contar con el previo acuerdo de la presidenta Cristina Kirchner, que hasta ahora no mostró interés en algún entendimiento.

Entonces, ante la tamaña incertidumbre ¿qué ocurriría si un ciudadano, por ejemplo, se niega a pagar una alícuota de retenciones o a cumplir con una orden que le da la AFIP sobre la base de una delegación que supuestamente caducó?

Hubo contactos de los diputados de la oposición con varios ministros de la Corte. Algunos jueces son proclives a fortalecer la actuación del Congreso. Pero el escenario de incertidumbre que se crea podría dar lugar a miles de situaciones distintas y es previsible que muchos ciudadanos llevarán sus planteos puntuales a los tribunales. La Corte no puede anticipar una respuesta y, menos aún, una respuesta única.