El acuerdo contempla la renuncia a las demandas, pero está sujeto al aval de la Legislatura provincial. Fue presentado como "muy beneficioso".
El hermetismo respecto de la suerte que correría la Provincia con el refinanciamiento de su deuda pública se mantuvo a lo largo de todo el día de ayer y finalmente, cerca de las 18, tras febriles negociaciones -que aún deben continuar-, se llegó a un acuerdo que desde la Provincia fue presentado como "muy beneficioso".
¿En qué consiste? Se consolidó la deuda pública provincial en 1.237 millones de pesos, pero, al mismo tiempo, la Provincia asumió una deuda de 800 millones que la AFIP le reclamaba por una disminución porcentual de aportes patronales y que ya estaba en condiciones de ejecutar, según informaron oficialmente. Es decir que la deuda refinanciada ronda los 2.000 millones de pesos y la quita obtenida es de aproximadamente 280 millones (ver aparte).
"La firma fue con beneficios absolutos para la Provincia, que generan una previsibilidad financiera importantísima. Me parece que eso es lo más positivo, por la quita, el no pago de intereses hasta diciembre de 2011 y una refinanciación hasta 2030", detalló Javier Silva.
Sin embargo, el ministro de Gobierno local reconoció que el convenio incluye el desistimiento de las demandas judiciales que tiene la Provincia siempre que la Legislatura Provincial, que debe avalar el convenio, apruebe ésa y todas las condiciones del acuerdo. En concreto, la Provincia comprometió dar de baja a los juicios una vez que la Legislatura apruebe el convenio. Recién entonces se comenzaría a hacer efectivo el acuerdo.
"Haciendo un análisis numérico, este acuerdo da certeza, previsibilidad financiera, que es lo importante; en ese sentido, las demandas son expectativas de acreencias", dijo Silva, tratando de justificar la conveniencia del cambio de estrategia del Gobierno provincial.
Es que, apenas días antes, el Gobernador había denunciado "extorsión" de parte de la Nación por obligar a renunciar a las demandas judiciales a cambio de ingresar a un refinanciamiento de deuda que, en realidad, se financia con recursos de ATN, que técnicamente pertenecen a las provincias. Inclusive Brizuela y sus ministros habían señalado, en reiteradas oportunidades, que la demanda por el 82% móvil de los jubilados provinciales era "irrenunciable".
Finalmente, el acuerdo terminó siendo otro y si la Legislatura aprueba el convenio, la Provincia levantará el juicio previsional e iniciará una negociación extrajudicial con ANSES buscando lograr algún tipo de compensación o reconocimiento.
En la Rosada
La firma del convenio fue en el salón de acuerdos de la Casa Rosada y estuvo encabezada por el gobernador, Eduardo Brizuela del Moral, y la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. También estuvieron presentes los ministros de Hacienda, Mamerto Acuña, y de Gobierno, Javier Silva, y, del otro lado, los titulares de las carteras de Interior, Florencio Randazzo, y de Economía, Amado Boudou. En el mismo acto se concretó el ingreso al desendeudamiento de Corrientes, con la firma de convenio por parte del gobernador Ricardo Colombi, otro ex radical K que mantenía demandas contra el Gobierno Nacional y que debió desistir de la vía judicial.
Tras los contratiempos y las negociaciones, el acuerdo fue férreamente defendido por el ministro Silva. "Es una instancia histórica para la Provincia y hemos hecho el esfuerzo para no quedar afuera y con condiciones que fueran beneficiosas. El convenio se ha firmado con las condiciones que Catamarca quería y que realmente la benefician y es realmente importante por la previsibilidad financiera que esto nos proporciona", celebró.






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