“Ángel, cancelemos la salida, no hay condiciones para tomar deuda ahora”. El ministro de Finanzas, Ángel Elettore escuchó la voz de José Manuel de la Sota en el teléfono y entendió que era una decisión tomada una vez que antes había respondido una pregunta clave.

“¿Cómo estamos de fondos propios?”, lo consultó el gobernador desde Washington. El ministro respondió lo que De la Sota sabía antes de salir de Córdoba, el lunes último.

Los recursos que llegan por la recaudación provincial, más la coparticipación federal, más lo acumulado, alcanzan para afrontar el medio aguinaldo de junio y pagar los salarios sin dificultades hasta al menos agosto, le recordó Elettore.

Luego de esperar medio año, el Gobierno nacional había habilitado pocas semanas atrás a la provincia a emitir títulos de deuda por 200 millones de dólares por recuperar en apenas un año de plazo.

Aunque la tasa nunca llegó a establecerse, se estima que Córdoba debería ofrecer alrededor del 15 por ciento de interés anual en moneda norteamericana.

Ese porcentaje había sido barajado luego de que originalmente se pensara en una tasa al menos cuatro puntos inferior entre los especialistas financieros del Estado cordobés.

Pese a que había llegado esa misma mañana desde la Argentina, el martes por la noche De la Sota aceptó una invitación a cenar del ex representante de nuestro país ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Ángel Díaz Bonilla.

En su casa, Díaz Bonilla tendió una mesa en torno a la que se sentaron además varios especialistas en finanzas.

Fue durante esa charla que De la Sota convirtió en decisión la duda que le generaba emitir deuda casi en simultáneo que Neuquén, que garantiza su cobro con regalías petroleras. E incluso antes que la angustiada administración bonaerense de Daniel Scioli.

Incertidumbre. Un ingrediente central en la marcha atrás es la incertidumbre que ganó a los inversionistas por los crecientes controles cambiarios y el virtual desdoblamiento de la cotización en un dólar oficial a 4,50 pesos y otro clandestino en torno a los seis pesos.

“Lo que podía ser un atractivo, el hecho de que el bono fuera en dólares ahora terminó convertido en un bumerán”, aceptaron cerca del gobernador.

Antes de la decisión de De la Sota, funcionarios del Banco de Córdoba habían iniciado sondeos para establecer el interés que podría tener la oferta de deuda.

En ese sentido, afirmaron fuentes del banco, había expectativa por la salida al mercado, en especial luego de que el Banco Central habilitara colocarlo por distintos entidades financieras.

Aunque la autorización nacional para el endeudamiento fue por 200 millones de dólares, la primera serie de títulos que la Provincia tenía previsto colocar en los próximos días era por unos 50 millones de dólares.

Pero finalmente De la Sota prefirió esperar. Y es que en esa cena, como en otros contactos mantenidos entre el martes y ayer en Washington no sólo escuchó la inquietud que provoca la situación financiera del Gobierno nacional, sino que además debió tratar de explicar lo más diplomáticamente posible lo que él mismo está lejos de comprender y aceptar.

La relación con la Anses

Ciclotimia. Los vínculos económicos y financieros de la Provincia con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) son contradictorios. Córdoba le reclama 1.040 millones de pesos de 2011 y alrededor de 100 millones mensuales de este año por el déficit de la Caja de Jubilaciones. Pero al mismo tiempo, el organismo ha sido sondeado en los últimos días para ser uno de los potenciales inversores de los títulos de deuda dolarizados, tal como ocurrió en 2009 con la primera serie de Boncor. Además, fue el tomador mayoritario de los bonos por 565 millones de dólares que emitió Epec para pagar la nueva central de Pilar, instrumentos por los que ahora la compañía eléctrica afronta cuotas de 10,2 millones de dólares.

Después del SAC

“Piensan que no podemos pagar el aguinaldo”. Esa fue una de las conclusiones que le llevaron a De la Sota los encargados de indagar el mercado para la colocación de deuda. Una de las razones de la postergación es demostrar que la Provincia sí puede pagar el SAC.