Desde Pulmarí apelan un fallo por tierras

Lo hizo el presidente del organismo respecto de la decisión del juez Domínguez de aceptar a la Fiscalía de Estado como querellante en la causa.
El presidente de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), Alberto Moreno, como parte querellante en la causa que investiga la venta ilegal de tierras dentro del territorio de la empresa, apeló la decisión del juez Oscar Domínguez de aceptar a la Fiscalía de Estado como querellante en la misma causa.

"Hay dos motivos para apelar esta decisión que tomó el juez", explicó Ricardo Mendaña, titular del Consejo de Vigilancia de la CIP. "El primero es que el fiscal de Estado no tiene legitimación constitucional para conformarse como querellante y el segundo es que el funcionario que representa al Estado es el fiscal judicial", argumentó.

La denuncia, según indicó Moreno en otras oportunidades, la realizó en la Justicia Federal meses después de asumir en 2006 la presidencia del organismo integrado por Nación, Provincia y las comunidades mapuches. Luego, ese fuero se declaró incompetente y la denuncia giró al fuero provincial, donde se está investigando. A principios de año Moreno se presentó como querellante para reactivar la causa que, el mes pasado, derivó en una serie de allanamientos en la Municipalidad de Villa Pehuenia y la Dirección Provincial de Tierras.

Presentación

Semanas atrás, la Provincia se presentó como querellante de la mano de Facundo Gaitán, fiscal de Estado. El juez Domínguez aceptó la participación de la Fiscalía en la causa, y esa decisión es la que Moreno apeló.

"La Provincia ya está actuando como querellante porque integra la CIP", agregó Mendaña. Además, dijo que el Estado ya tiene su representante en la Fiscalía del crimen, a cargo de Marcelo Jofré: "No puede ir con dos representantes porque genera tensión en el debido proceso", agregó.

El abogado, titular del Consejo de Vigilancia, señaló que la Provincia no se constituyó como querella durante años pero que en los últimos meses se presentó en dos casos más, uno es el corte de ruta de acceso al Cerro Bayo y el del Hotel Sol. "En esos casos la Fiscalía de Estado no hizo un rol activo, no aporta prueba, está más para controlarnos a nosotros", indicó.

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