El delito de trata de personas es un delito federal y por lo tanto le compete a esa órbita de la Justicia. Sin embargo, las fiscalías provinciales también pueden actuar en lo que se denomina “delitos conexos”, a través de una ley que data de la década del 30: la 12.331, que prohíbe el proxenetismo y las entonces denominadas “casas de tolerancia”. En esa dirección se creó en 2008 un Protocolo investigativo, impulsado por María del Carmen Falbo, y se pide también la actualización de la norma para adecuarla a los tiempos que corren.

El delito de trata, dejó en claro la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, es “un flagelo que reduce a esclavitud a miles de niñas y mujeres”. Por esto, impulsó que los fiscales bonaerenses también investiguen esta realidad cruel y compleja que se repite en todas las localidades del país. Si bien se trata de un delito federal, Falbo argumentaba un tiempo atrás, que “reviste aristas de suma complejidad, encontrándose vinculado u oculto detrás de otros delitos y/o contravenciones de competencia provincial”.

Pero aún hay trabas: por un lado, las investigaciones tienen que ser independientes de las fuerzas policiales. “Nos ha pasado de haber hecho la inteligencia previa a través de quienes deben hacerla y cuando se llega al lugar, no se encuentra nada”, deslizó la funcionaria. Y también reparó en la falta de refugios para darles a las víctimas otra alternativa de vida. Al respecto, en charla con El Atlántico, Falbo adelantó que se firmó un convenio con la Fundación que dirige Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, por un hogar en Capital Federal, aunque reparó: “Es muy poco, y además hay que ir a allí”.

- ¿Cuál es la realidad en la Provincia de Buenos Aires?

- Nosotros entramos en el tema trata de personas, por delitos conexos. Se está trabajando desde el 2008, cuando desde el Consejo Federal de Política Criminal aprobamos un protocolo común para todo el país porque entendemos que la trata se produce por inmigración extranjera, pero también de provincia a provincia. Tenemos un trabajo hecho muy importante, con capacitaciones, y hemos tomado como caso buscar un referente por departamento judicial. ¿Cómo se busca el referente? Aquel fiscal -hombre o mujer- que tenga un compromiso real con el tema. Además, que tenga capacidad y audacia, porque se va a encontrar con muchos impedimentos, y también con muchas circunstancias gravosas. Acá la fiscal Trill está haciendo un trabajo encomiable.

- ¿Cómo se viene trabajando y qué dificultades se encuentran?

- Centralizamos la mayor búsqueda en las menores, chicas que vienen engañadas para ser niñeras -cuánto más jóvenes, más caras se las paga- se las prostituye y se las pone a trabajar como esclavas. Tenemos muchos problemas para poder hacer los allanamientos, primero para que jueces de garantía en muchos lugares entiendan que no estamos invadiendo una competencia ajena. No es el caso de Mar del Plata, donde siempre respondieron muy bien. Nosotros entramos por otro delito, si comprobamos que hay trata lo derivamos, se las trata a las víctimas como víctimas. Colabora con nosotros la Oficina de Rescate, y ahora estamos preparando psicólogos nuestros, de asistencia a la víctima, para que sean ellos los que acompañen a los fiscales.

- A partir de la puesta en marcha de este Protocolo, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos?

- En primer lugar, mucha colaboración, de diversos lugares. Los fiscales trabajan conectados con la Procuración, que tiene una coordinación a través de la relatora, la doctora Eleonora Weingast, que muchas veces le arbitra lo que el fiscal necesita. Por ejemplo, saber a qué refugio -si encuentra- puede llevar a las víctimas, cómo coordinar un allanamiento, con quiénes. Porque nos ha pasado de haber hecho la inteligencia previa a través de quienes deben hacerla y cuando se llega al lugar, no se encuentra nada, o las han sacado por la puerta de atrás cuando están llegando.

- Por eso es importante la policía judicial…

- Exactamente. Y la colaboración del propio Ministerio Público. Nos ha pasado, en lugares donde ha habido diez allanamientos simultáneos y resultaron exitosos al menos ocho de ellos. No había manos, ni piernas, ni cabezas para poder hacerlo. Y han colaborado con el fiscal, instructores, hasta empleados de la propia fiscalía y de otras fiscalías. Creo que ya está muy comprometido el Ministerio Público. Los números estadísticos hasta diciembre de 2011 marcan que fueron rescatadas 1100 personas. Muchas de ellas, no han sido como trata, sino que han sido rescatadas porque se dieron cuenta en el momento de la importancia de salir del ámbito en que estaban. Otras no. La mayor resistencia que hay en el primer momento de las chicas que son víctimas es el temor de ser abordadas como verdaderas culpables. Explicarles eso, en ese momento de miedo, no es fácil, porque están amenazadas de muerte, porque les han retirado los documentos, algunas no tienen ropa, se la quitan para que no salgan porque solo tienen ropa interior. Es serio.

Luego Falbo destacó el acompañamiento que encuentran en algunos municipios. “Hay intendentes que están colaborando muy bien, cerrando esos lugares o no dando habilitaciones”, indicó. Enseguida hizo un freno y le dio la palabra a Fabián Fernández Garello, fiscal general provincial en Mar del Palta. “Este es el único departamento judicial que decomisó bienes”, introdujo ella.

“La ley conexa, que en estos momentos se está discutiendo su actualización en el Congreso, -explicó Fernández Garello-, prevé penas de multa y realmente este es un delito muy grave. Nosotros, estudiada la cuestión, hicimos una integración con los tratados internacionales y hemos ido por los decomisos”.

“Los jueces nos han dado los decomiso, y el caso más notorio, se nos ha ido a la Justicia Federal, porque hay una cuestión de competencia. Pero hemos abierto la puerta del proceso ya caucionando estos bienes, que es la forma que nos parece más completa de trabajar”, destacó.

Actualmente, los fiscales provinciales actúan con la ley 12.331 como herramienta. Fernández Garello y Falbo coincidieron en la necesidad de ser actualizada. “Hemos tenido la gran satisfacción que miembros del Congreso nos han llegado a preguntar, y hemos tenido opinión en el debate”, manifestó la Procuradora.

- Más allá de tener una herramienta desactualizada, en la sociedad encontramos algunos mandatos machistas, mitos que naturalizan la explotación del cuerpo de la mujer, que es mercantilizado en los prostíbulos. ¿Estas concepciones también están vigentes en parte de la Justicia? ¿Es un elemento a batallar?

- Sí, también. Por eso buscamos referentes en cada departamento, que después se entusiasman cuando ven que las cosas andan bien. Por eso buscamos el compromiso, una personalidad particular, porque no se le puede imponer.

- Más allá de los fiscales, también se pueden encontrar en resoluciones de magistrados…

- También.

- ¿Cuál es la importancia y la necesidad de contar con refugios para las víctimas?

- En este momento, estamos en contacto con la Fundación María de los Ángeles, que dirige Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón. Susana estuvo vinculada con nosotros, nos aportó muchas cosas, y se interesó una vez que vio que trabajábamos en serio. En este momento hay un refugio en Capital Federal, vinculado a la Fundación, y que nos están prestando la solidaridad de poder refugiar a las víctimas. Es muy poco, y además hay que ir a Capital. Pero ya firmamos un convenio, y ellos están esperando algún aporte especial para tener un refugio en algún otro lado y contener mayor cantidad de víctimas.