Una muestra inequívoca de ello es que en lo que va del año se produjeron 640 denuncias por agresiones de esta naturaleza.

Éstas se suman a los 522 casos de agosto a diciembre del año pasado, tras la apertura de la Oficina de Violencia de Género en Tribunales, por lo que estos 1162 casos pueden interpretarse como un síntoma saludable de que las propias víctimas (las mujeres), o la misma sociedad toman conciencia de la importancia de no permitir más los abusos.

María Elmina Santucho, titular de la Oficina de Violencia de Género que funciona en el Palacio de Tribunales, fue quien reveló que “en la actualidad se tramitan 640 casos de violencia desde el 1º de enero (de este año). El año pasado teníamos 522 desde agosto hasta diciembre”.

Consultada sobre los cambios que introduce esta reclamada ley, Santucho expresó su beneplácito por la sanción: “Se nos amplia el margen de acción, pues ahora pasamos a cumplir un rol importante en el tema”, a la par que explicó que este avance también significará “más esfuerzo del equipo”, ya que están “obligados a llevar las estadísticas” de los agresores, por lo que “se está pensando en ampliar el servidor”.

Detalló que se trata de “un servidor abierto al público”, de donde saldrán las estadísticas que alimentarán un sistema nacional de información que administrará la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Vamos a proveer los datos estadísticos, pero a su vez tenemos que llevar otra estadística de nuestra oficina, que es nuestro compromiso con la Corte, que les permita realizar un mapeo sobre la violencia en las provincias del Norte”.

Novedades

Luego de venir aplicando la ley nacional, Santiago del Estero cuenta ahora con legislación propia que introdujo cambios fundamentales en el tratamiento de un tema sumamente sensible y altamente vinculado a la condición humana y fundamentalmente a la dignidad de la mujer.

Sobre estos cambios, Santucho explicó que antes la “competencia era de los jueces de familia, pero en algunos lugares donde no haya van a ser los jueces civiles del lugar quienes intervengan, y donde no haya -como en Las Termas-, lo hará el del Crimen”.

“La ley establece algo novedoso, en principio se ocupan los jueces de Familia, pero ahora las denuncias pueden ser interpuestas ante cualquier juez de cualquier competencia. Por ejemplo, el juez (de Crimen) podrá recepcionar la denuncia, dictar una medida preventiva e inmediatamente declararse incompetente, que pasa a un Juzgado de Familia. Pero mientras tanto ya tomó una medida” y el caso rápidamente ingresó en el circuito judicial.

Acumulación de las causas

La otra novedad que introduce un cambio fundamental se refiere a que “cuando un agresor es reiterativo en su conducta, y tenga lesiones y amenazas en el Juzgado del Crimen de 3ª, otra en 5ª, es decir en distintos juzgados, las causas se acumula en el primer juez que tuvo actuación”.

De esta manera, “el juez que dicte una resolución, lo procese o no, va a tener todos los elementos para decidir. Con esto el juez va a tener una información acabada de la desobediencia (del victimario). Así, es más rápida la condena”.

Destacó que para que este mecanismo funcione “la reiteración de denuncias es importante”, por eso es importante que “la mujer se concientice”. De esta manera: “Van a haber más hombres agresores detenidos y por mucho más tiempo”. Incluso, mencionó que “la gravedad del delito” también sufrirá modificaciones sustanciales, porque la primera causa posiblemente se caratule “lesiones leves”, pero las siguientes difícilmente lo sean.

Acciones complementarias

Para acompañar el accionar judicial, “se ampliarían las facultades de la Oficina y de la Dirección de Género de Derechos Humanos. Ellos van a determinar un plan o hacer algún tipo de proyecto para ver la posibilidad de rescatar o corregira estos violentos. Armarán gabinetes psicológicos o psicopedagógicos. Cuando haya niños se coordinará con la Dinaf”, para lograr un abordaje integral de la problemática.

Así, “los jueces pueden requerir informes de nuestros equipos. Nosotros vamos a ser los encargados. El Superior Tribunal de Justicia llevará los registros de violencia de la provincia y habrá un seguimiento de expedientes de los legajos derivados, para ver qué resolución han adoptado los jueces”. l