En el marco de las charlas que lleva adelante el Partido de Unidad Catamarqueña (PUC), se evalúa un proyecto de saneamiento de tierras. La iniciativa apunta a que la provincia complete el relevamiento catastral de su territorio dentro del plazo de cinco años y para ello, de acuerdo a la presentación, la ley reglamentaria dispondrá de lo necesario para el saneamiento de los títulos de propiedad” (Artículo 56° de la Constitución Provincial de 1965).

En ese marco, desde el partido que preside el ex ministro de Gobierno, Pedro Casas, sostienen que será necesaria una política integral de tierras y la intervención e inversión decidida del Estado en saneamiento, como así también la creación de una Secretaría de Tierras que dependa del Ministerio de Gobierno y Justicia para que actúe como autoridad de aplicación competente. Ésta área tendrá a su cargo el monopolio de las competencias, concentración, centralización de acciones y dedicación exclusiva a política de tierras y saneamiento de títulos. Además de la disposición de los registros reales y personales de propietarios y poseedores rurales y urbanos, la autonomía de funcionamiento y la capacidad operativa y ejecutiva, con el personal multidisciplinario, equipamiento y medios económicos y logísticos suficientes y la coordinación de los demás organismos involucrados en la materia: Administración General de Catastro, Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de Mandatos y Escribanía General de Gobierno.

Por otra parte, se dieron a conocer los procedimientos adecuados de saneamiento. En ese marco, se destaca que en los ámbitos urbanos debe aplicarse la Ley N° 24.374/94 y su reglamentación de regularización dominial para poseedores de 3 años, anteriores al primero de enero del año 1992, con causa lícita y perfección del dominio a los 10 años del registro; y la Ley N° 5004/00 que extiende tal regularización a los asentamientos poblacionales de áreas rurales. En el caso de los ámbitos rurales, la acción del Estado por conjunto de títulos y en áreas determinadas, debe comprender procedimientos conciliatorios, por iniciativa de los particulares o del Estado, mediante acuerdos voluntarios entre productores y de éstos con el Estado, la expropiación cuando sea necesaria; en todos los casos la notificación personal y vigencia del principio de publicidad amplia y real (en organismos públicos del lugar, además del Boletín Oficial y los diarios generales), tanto para los procedimientos de saneamiento, mensura y subdivisión como para las adjudicaciones; la autofinanciación del saneamiento por los productores y conjunta con el Estado; el apoyo integral a los productores para hacer viables los emprendimientos; el control del cumplimiento de los cargos asumidos por ellos, en los plazos establecidos; las revocaciones de adjudicaciones que correspondan.