Un porcentaje se pagará en bonos y otro en efectivo.
El fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, afirmó que el proceso se mantiene en los plazos previstos, planteando que en octubre se iniciará con los pagos a los proveedores. Se usarán bonos a 16 años y, además, una parte se abonará en efectivo. Las proporciones –de bonos y de "moneda de curso corriente"– se relacionarán con la suma de cada deuda.
La administración que asumió en diciembre dispuso un tratamiento puntual para las deudas anteriores, asignando ese análisis a la Comisión de Transacciones, que preside el fiscal Bergonzi. Este registro consigna 520 expedientes.
Ya finalizó el plazo para que los ciudadanos presenten observaciones a los reclamos, pero el fiscal relativizó esas presentaciones. "No hay fundamentos, sólo alusiones críticas y personales", explicó.
Recordó que la ley 2735 faculta a la comisión a relevar la deuda y, luego, el decreto 275/12 reglamentó el procedimiento de "toda la deuda privada con proveedores de servicios y bienes". Explicó que a la nómina original se sumaron cuatro listas complementarias –que se incorporaron a la página web– con lo que se está en los 200 millones. Además, estimó que un 10% –unos 20 millones– fue apartado de ese procedimiento aunque resaltó que no necesariamente significa que ya cobraron. (Ver recuadro)
Resaltó que "se está en los plazos del cronograma y en octubre se estará cancelando. En septiembre existirá certeza de la forma y en octubre en Tesorería se podrá acceder para firmar las actas, siempre que los expedientes cumplan con la totalidad de los requisitos", ya que aclaró que la evaluación de la Comisión nada tiene que ver con los procedimientos administrativos habituales, ni tampoco de las funciones de los órganos de control. "Hay expedientes –agregó– que ingresaron y les faltaban trámites para continuar y después pagarse".
En referencia al mecanismo de pago, Bergonzi expresó que se trabaja en la tercera serie de Bogar, Clase II –que se crearon con el decreto/ley Nº 9 del 2002– para "la emisión de los 140 millones que se pueden emitir a partir de una autorización legislativa por 300 millones. Esa autorización posibilita la emisión sin solicitar nuevo endeudamiento a la Legislatura".
Dijo que está listo el proyecto de decreto de emisión, en el cual "se faculta al titular de Economía y al tesorero para establecer los mecanismos de pago". Adelantó criterios para la cancelación: utilizar un mecanismo de pago igual para todos, donde se combinen títulos y efectivo, y será por "clase de deuda y no por proveedor".
La nómina de reclamos será cruzada con los registros de la Agencia Recaudadora para evaluar si los acreedores tienen obligaciones pendientes con la provincia. Si existen deudas, la propuesta será su regularización tributaria. Además, Bergonzi expresó que la idea es que esos títulos sean atractivos, por lo que los bonos podrán utilizarse para cancelar obligaciones impositivas.
En otra parte del diálogo con "Río Negro", Bergonzi resaltó que la operatividad "nunca tuvo el propósito de avasallar o ir en contra de las acreencias legítimas de los proveedores. Sólo fue el proceso para saber cuánto se adeuda a partir del cambio de la gestión".
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