Tras la presentación efectuada por el Colegio de Abogados de la provincia solicitando a los tres poderes del Estado la suspensión de la nueva ley de mediación impuesta por el justicialismo gobernante, la Unión Cívica Radical (UCR) manifestó su postura al respecto. En tal sentido, la legisladora Silvia Elías de Pérez sostuvo que "la reforma aprobada a instancias del oficialismo ha significado un retroceso notable que perjudica a las partes y a la administración de justicia".

Vale recordar la Ley 8.482 determinó modificaciones en el sistema de Mediación Prejudicial, principalmente el aspecto referido al modo de financiamiento que termina recayendo sobre las partes, salvo supuestos excepcionales. Asimismo, explicó que "cuando el oficialismo impulsó este proyecto advertimos que desfinanciar la mediación significaba dificultar el acceso a un derecho fundamental como es la Justicia y por eso nos opusimos".

La correligionaria agregó que "si la mediación le permitió al Poder Judicial ahorrar recursos y prestar el servicio de administración de justicia, saliendo del serio colapso en que se encontraba, no es justo que sean las partes las que tengan que abonar honorarios de mediadores, cuando es obligación del Estado asegurar dicho servicio. Máxime cuando dispone de un presupuesto para hacerlo".

La legisladora por la UCR adelantó su intención de que la Legislatura encare nuevamente el debate sobre éste tema. "Nosotros ya estamos trabajando en un proyecto que restaura la obligación del estado en abonar los honorarios de medi9adores y co-mediadores, manteniendo la normativa actual que determina que dichos auxiliares de la justicia sólo pueden ser designados mediante previo sorteo público y evitando la inconstitucional aplicación retroactiva de la ley en cuanto al abono de honorarios de mediadores", expresó.

Para Elías de Pérez "la mediación demostró ser capaz de reducir la litigiosidad en un grado más que importante, atento las estadísticas del propio Poder Judicial y, sin dudas, evita la acumulación de juicios con significativas demoras en el proceso".

"El alto riesgo en que se encuentra el sistema de mediación, como consecuencia de la decisión del gobierno de no contribuir a su mantenimiento, va provocar el retorno a la caótica situación anterior, que en los hechos implicará un masivo y grave retardo de justicia y todos sabemos que la justicia lenta no es justicia", concluyó.