Aunque, según la pericia de la propia Justicia, los trabajos que no se habrían realizado pero supuestamente fueron cobrados por el acusado llegan a la suma de 100 mil pesos. La Defensora del Pueblo adjunta, Monicas Felices, cuestionó la decisión del representante del Ministerio Público Fiscal. A fines de junio del año 2009, la jueza Correccional Ana María Fernández dictó la sentencia del juicio seguido a otros seis funcionarios del EMDeR en el gobierno de Katz a los que se atribuyó mal desempeño en sus funciones en actos relacionados con el pago de servicios no realizados por la empresa de limpieza que tenía su cargo el mantenimiento de todas las dependencias de esa área, es decir, Parque Camet y Laguna de los Padres, el Campo de Deportes y todos sus escenarios, y la Casa del Deportista en Punta Mogotes. El personal jerárquico acusado resultó absuelto en su totalidad, mientras que el único que terminó condenado fue un empleado de muy bajo cargo. En esa causa estuvieron procesados Norberto Agustín Alonso (ex presidente del Ente), Mario Gustavo Larrieu (director de Gestión), Eduardo Daniel Bombina (jefe de Departamento), Luis Omar Queral (contador), Roberto Manuel Ortea (tesorero), y el empleado Oscar Goncebate. Todos fueron acusados por los delitos de “Malversación de caudales públicos, defraudación calificada, falsificación agravada de documento público, abuso de autoridad, e incumplimiento de los deberes de funcionario”, hechos por los que el fiscal Eduardo Amavet les pidió penas de entre 2 y 3 años de prisión, y 1 y 6 años de inhabilitación. Finalmente, el 29 de junio de ese año, la Dra. Fernández absolvió a Alonso, Larrieu, Bombina, Queral y Ortea, por considerar que no habían cometido delito, y condenó como único culpable a Goncebate a la pena de 2 años de prisión en suspenso y 4 años de inhabilitación. La sentencia fue atacada por el Fiscal y la doctora Forconi de la municipalidad, y el abogado del empleado, doctor Hugo Sala. El resto de los defensores fueron Alberto Rodríguez (Alonso), Daniel Rubén Vázquez (Larrieu), Carlos Murias (Ortea), y Carlos Domenech (Queral), mientras que por Bombina lo hizo la defensora oficial María Laura Solari. Este expediente también fue iniciado por una denuncia efectuada en febrero de 2006 por de la Defensora del Pueblo adjunta, Mónica Felices. En tanto, en los últimos días, comenzó a ventilarse en los estrados judiciales una nueva etapa judicial por los mismos hechos aunque, en esta oportunidad, el juez Jorge Rodríguez tendría que juzgar la participación del titular de la empresa de limpieza, Edmundo “Garrafa” Pérez, en las irregularidades denunciadas. En ese contexto, según dijo Felices a 0223.com.ar, el fiscal Amavet “hizo lugar a un pedido de probation presentado por la defensa de Pérez”, mecanismo por el cual el imputado “sólo debería pagar la suma irrisoria e irreal de $ 9 mil para compensar los delitos de los cuales se lo acusa”. “En su momento se hizo una serie de pericias contables: la que presentó la municipalidad arrojaba que habían salido del municipio alrededor de $ 96 mil, al igual que la de la Justicia, pero la pericia de la defensa señalaba la suma ascendía a $ 9 mil”, mencionó. Por ello, consideró que “es llamativo” que “Amavet no haya tenido en cuenta la pericia judicial, que es la institución a la cual él pertenece y diera lugar a la pericia presentada por la defensa”. En ese orden, la funcionaria, quien remarcó que la decisión “ahora está en manos del juez Rodríguez”, lamentó que “el único imputado termine siendo solamente un empleado que le hizo las planillas a Pérez para que pudiera cobrarle sus servicios a la municipalidad”. “Creo en la Justicia y tengo la esperanza de que el Magistrado evalúe esto y tenga en cuenta que esta es una causa que se tramita desde hace muchos años, pero que además que le costó mucho dinero al estado como para que se termine con una probation irrisoria de $ 9 mil”, finalizó.