La empresa, cuando era española, fue sentenciada a desmantelar tanques y cañerías. Pero no habría cumplido.
La historia arranca cuando vecinos del barrio Camba Cuá hicieron llegar sus quejas al Municipio por los efectos contaminantes que podrían contener las estructuras de los viejos tanques de Yacimientos Petrolíferos Fiscales que se erigían dentro de la manzana conformada por las calles Belgrano, Bolívar, Don Bosco y Padre Borgatti.
La defensora de los Vecinos de la comuna, Gisela Méndez, entendió pertinentes tales inquietudes y elevó una denuncia formal ante la Justicia. El entonces defensor de Pobres y Ausentes, Enzo Di Tella también consideró que había elementos que a prima fascie indicaban un potencial efecto contaminante de los residuos de esos viejos depósitos, y elevó la denuncia formalmente al Juzgado Civil y Comercial Nº 13 a cargo del doctor Alberto Alarcón.
Finalmente, el juez ordenó a YPF desmantelar los tanques (ocho en total). Pero no sólo eso. También YPF debía desmantelar las cañerías aéreas y subterráneas que trasportaban el combustible desde el muelle ubicado sobre el río Paraná hacia los tanques.
Asimismo se deberían vaciar los tanques, las cañerías y otras obras complementarias, además del tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos que pudieran surgir de dichos trabajos.
SIN NÚMEROS
YPF subcontrató a una empresa cordobesa para los trabajos, que debía acercar al perito judicial los montos presupuestados de la obra. Pero nunca le acercó esos números, por lo que se hizo imposible para el auxiliar de la Justicia poder determinar fehacientemente el porcentaje concluido de la obra comprometida.
¿Cuánto dinero empleó la ex Repsol YPF para ejecutar estos trabajos de desmantelamiento? No se sabe con precisión, ya que el perito-supervisor de la Justicia no fue informado, como debía, al respecto.
Habrá que ver si ahora la empresa española expropiada no querrá "dibujar" algún número de sus gastos en Corrientes para abultar sus demandas indemnizatorias.
La sentencia del juez Civil y Comercial Alarcón ordenó la "erradicación de todos aquellos materiales, tanques, cañerías aéreas y subterráneas que posea el inmueble ubicado en calle Tomas Edison y Bolívar al norte, Belgrano al sur, Don Bosco al Este, y avenida Costanera General San Martín al Oeste identificado como Distrito E5, y de aquellas que se extiendan fuera inclusive de dicho predio y que resulten asociadas con estas instalaciones que hubieran sido otorgadas en uso a la empresa de energía nacional antecesora de la Dpec (Dirección Provincial de Energía de Corrientes)".
La empresa Repsol-YPF negaba cualquier responsabilidad respecto al hecho que motivó la denuncia original y la presentación de la defensora de los Vecinos de la Ciudad, Griselda Méndez Lizarro, por el derrame de los contenidos de los tanques, primero vertidos sobre el pavimento de la calle Padre Borgati, luego absorbidos por los desagües pluviales municipales y finalmente vertidos en el río Paraná.
¿BALAS DE
ARMAS LARGAS?
Argumentaron hechos que no pudieron verificarse, sin precisar fechas probables de los hechos. Por ejemplo, promovieron una investigación penal ante la Fiscalía N° 1 denunciando que desde el exterior del predio, autores desconocidos, con disparos de armas largas habían horadado la parte inferior de los tanques provocando el derrame de los materiales en la vía pública. Peritos balísticos rechazaron esta hipótesis.
La petrolera española promovió además acciones legales apelando la sentencia ante la Cámara de Apelaciones correspondiente, la que finalmente no hizo lugar y, por el contrario, ratificó la sentencia de primera instancia.
Fuentes cercanas a la Justicia observaron que en todo momento, los representantes empresarios mostraron una actitud hostil hacia las tareas de peritaje y su Dirección de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Corrientes y que, por lo tanto, no acataban ni respondían a ninguna acción de la Supervisión judicial.
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