Explicó que “se trata de una norma complementaria a la Ley Nacional de Bosques sancionada en 2007, que prevé presupuestos mínimos. Esta Ley tuvo un proceso de sanción muy importante, con una masiva participación de la población y la recolección de un millón de firmas reclamando su tratamiento”.

“Esta norma responde a una muy importante disminución sufrida por los bosques nativos en todo el país con una pérdida de casi 70 millones de hectáreas en los últimos 60 años, por lo que el Gobierno Nacional le dio impulso. La misma contempla una gran inversión de recursos de parte de Nación, considerando que éste es un tema prioritario asociado al cambio climático y muchos otros aspectos”, sostuvo.

Echeverría remarcó en tal sentido que “luego de haber trabajado dos años en el tema, logramos ayer en la reunión Intercomisiones de la Legislatura el más absoluto compromiso de parte de los legisladores provinciales para acompañar este proyecto”.

“Esperamos ahora la sanción de la Ley, de manera tal que la Provincia pueda contar con este instrumento legal y de gestión que permitirá mejorar las cuestiones de manejo de los bosques nativos de Río Negro”, añadió.

Respecto de la importancia de la futura sanción de la Ley Provincial de Bosques, el titular del CODEMA sostuvo que “el primer beneficiario será el poblador local o titular de las tierras con bosques nativos, quien recibirá una compensación por el servicio ambiental que éstos prestan. Hasta ahora sólo se permite usar el bosque nativo como paisaje, y sólo se puede aserrar un tronco que se cae, luego de una serie de requisitos formales”.

“La nueva ley permitirá que el poblador reciba un pago por los servicios ambientales que el bosque presta, a partir de la presentación de un plan de uso sustentable y conservación del bosque. También beneficiará a la autoridad de aplicación y la conformación de un equipo de trabajo en la Provincia, que contará con mayores recursos para sus actividades y funciones”, manifestó.

Precisamente, la ley contempla que el 70% de los recursos serán destinados para compensar a los titulares de las tierras. El beneficio consistirá en un aporte no reintegrable, a ser abonado por hectárea y por año, de acuerdo a la categorización de los bosques nativos, generando la obligación en los titulares de realizar y mantener actualizado un Plan de Manejo y Conservación de Bosques Nativos, que deberá ser aprobado en cada caso por la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción respectiva.

En tanto, se destinará el 30% restante a la Autoridad de Aplicación, que los aplicará para desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de los bosques nativos así como la implementación de programas de asistencia técnica y financiera para propender a la sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades indígenas o campesinas”, agregó.

Asimismo, Echeverría aclaró que “Río Negro lleva adelante desde hace muchos años una política asociada al uso de sus recursos que es considerada como sustentable. Si bien nuestra Provincia no ha perdido bosques en el nivel de otras, igualmente necesitamos mantenerlos protegidos y esa nueva normativa nos permitirá contar con los instrumentos necesarios para seguir mejorando este cuidado del recurso”.

En este marco, el presidente del CODEMA subrayó que “la elaboración de la ley provincial es el fruto de un trabajo realizado con el aporte de instituciones técnicas, ambientalistas, ONGs, Universidades, entre otras que participaron en los talleres realizados en este período.

“El trabajo más importante fue el de ordenamiento territorial, que consiste en una suerte de plano en el que determinan las zonas y las posibilidades de uso del bosque. Se trata de un trabajo técnico realizado por especialistas del CIEFAP –Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico-, con criterios uniformes para toda la Patagonia, en el marco de un proceso de validación de casi dos años con la realización de talleres del que surgió el acuerdo con las instituciones intermedias respecto de la importancia de esta ley para nuestra región”, remarcó.

Agregó que “un ordenamiento territorial es un proceso complejo, y hoy cerramos una etapa que

implica un plano con una escala de 1 en 250.000, y que sigue hacia futuro con la posibilidad de mejorar la gestión respecto de los bosques”.

Finalmente, Echeverría consideró que “los cuestionamientos surgidos en los últimos días al proyecto surgen de un desconocimiento sobre la ley, las posibilidades que ofrece y sobre la necesidad que tiene la Provincia de contar con esta herramienta. Creemos que la Ley permitirá otros procesos de participación ciudadana, en el marco de la reglamentación misma de la norma, el proceso de actualizaciones, todo lo que es cambio y uso del suelo o generación de otros usos, que obligadamente deben contar con un Estudio de Impacto Ambiental y una Audiencia Pública, que garantizan la transparencia de los actos de Gobierno”.