Al hacer especificaciones según las denuncias que salieron en los medios, expresaron que en lo que respecta al departamento Rivadavia, se hicieron verificaciones de los antecedentes en las fincas El Palmar, La Juanita y La Santafecina y San Martín. En finca El Palmar se dispuso la "paralización de las actividades hasta tanto se apruebe la readecuación del proyecto habilitado por resolución Nº 1165/07.

En los dos casos restantes, se indicó que tras hacer las averiguaciones pertinentes "se tomó conocimiento que a través del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial de Personas y Familia Nº 2, a cargo de la doctora Ada Guillermina Zunino (Circunscripción Norte -Tartagal), se ordenó en Expte. Nº 4110/10, la división de un condominio, por lo cual se procedió a ejecutar la picada denunciada en fincas La Juanita y La Santafesina". Se agregó que "frente a la omisión de los actores en dicha causa, de requerir los permisos y autorizaciones correspondientes a esta Autoridad de Aplicación (la Secretaría de Ambiente), se solicitó al juzgado interviniente la remisión de los antecedentes del caso para identificar a los posibles responsables y dar inicio a los trámites sumariales".

Por otro lado y frente a las denuncias radicadas por desmontes por la Comunidad San José y Cuchuy en tierras que reclaman como de pertenencia ancestral, se procedió a efectuar Comisión de Servicios en la zona en compañía de Pedro Segundo (cacique), Sebastián Segundo (presidente) y Carlos Pérez (secretario). Aseguraron que "a ese entonces, los trabajos se encontraban ya suspendidos y de acuerdo a los puntos de georeferencia obtenidos, el catastro en infracción correspondería al Nº 29.601 del departamento San Martín, sobre el cual ya se iniciaron las actuaciones sumariales de rigor".