En sus fundamentos, Alfaro advirtió que "los problemas de creciente inseguridad, desorden urbano y contravenciones a diversas normativas dejaron de ser privativos de las grandes ciudades. Lamentablemente, San Miguel de Tucumán también es víctima de estos problemas, los que aparecen amplificados debido a ciertos problemas en la organización municipal que no han permitido lograr un control efectivo de las actividades que se realizan en la vía pública", acotó.

Entre líneas, lo que plantea el amayismo es la necesidad de una rápida solución para ponerle freno a una situación de inseguridad que el Gobierno provincial no está pudiendo resolver, con víctimas fatales que se suceden semanalmente como consecuencia de ese flagelo. Por ello, la iniciativa podría llevar a un recrudecimiento de la pelea interna entre amayistas y alperovistas en la órbita capitalina.

Por otra parte el edil capitalino, tomando expresiones del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, indica que “‘al intendente hay que darle las mismas facultades que tiene el gobernador para que maneje su policía porque cuando la gente va a reclamar seguridad, se la reclama a su intendente, que no maneja a la Policía, y por ende ¿qué seguridad le puede prever?’".

Alfaro sostiene que "la idea base de instaurar una Policía Municipal es acercar más el poder de policía a la población, ya que esto colaboraría a generar una mayor sensación de seguridad en la comunidad". Además, recordó que el intendente Domingo Amaya había expresado que "las políticas de seguridad ciudadana tienen que ser llevadas adelante por los gobiernos de la Nación y de las provincias. Ellos son los que deben articularla. Las policías municipales, en tanto, deben ocuparse de regular la convivencia entre los ciudadanos y emplear elementos disuasivos". "La creación de la Policía Municipal permitirá dar una respuesta desde lo municipal, a los problemas de inseguridad urbana; a la par de favorecer un mayor y mejor control sobre las actividades que se desarrollan en la ciudad y que están sujetas al poder de policía municipal", explica en su proyecto el edil capitalino.

Por otra parte sostiene que "los policías municipales tendrán indefectiblemente una interacción directa y constante con los vecinos en la zona donde patrullen, a la vez que ejercerán un control general de la ciudad. Al mismo tiempo, los vecinos en los distintos barrios, podrán conocer a los agentes por su nombre y apellido, posibilitando el 'control de calidad’ sobre su accionar". "La seguridad depende fundamentalmente de una programación, de una prevención bien hecha y de un diagnóstico de la violencia. La prevención no se logra con la actuación policial solamente, sino de la policía con la gente y por ello se hace indispensable que el vínculo entre las partes sea muy estrecho", dice Alfaro en clara referencia a la situación de inseguridad que hoy se vive en la Capital,.como en el resto de la provincia.

El edil peronista aclaró que “no estamos proponiendo -bajo ningún concepto- la creación de una policía de seguridad en sentido estricto, ya que esas competencias corresponden a la provincia y al gobierno federal. Planteamos la constitución de un cuerpo civil no armado destinado a controlar el espacio público y a prevenir conflictos. Los agentes policiales tendrán el poder de policía limitado al que le compete a los agentes municipales", argumentó.

Según Alfaro, “al tener una relación cercana y directa con los vecinos de la ciudad, se podrá realizar una labor educadora, recreando y difundiendo comportamientos que promuevan valores de seguridad, transitabilidad, libre esparcimiento, integridad de los bienes públicos, buena convivencia y respeto por el bien común”.

Conforme al proyecto, la Policía de Amaya funcionaría bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno, que está a cargo de Marcos Díaz y, entre otras funciones, contaría con potestad para labrar infracciones de tránsito, clausurar locales y ejercer tareas preventivas en espacios públicos.

Entre otras funciones establecidas en la iniciativa, esta nueva repartición municipal estaría facultada para “detectar la existencia de zonas o situaciones críticas que faciliten la comisión de hechos que pongan en peligro la convivencia urbana”; “realizar acciones preventivas ante situaciones de potenciales conflictos” e “interactuar y/o colaborar con otros organismos públicos y/o privados en la atención de situaciones de conflicto, riesgo y emergencias”.

La presentación de este proyecto del amayismo se consumó, llamativamente, 24 horas después de que el gobernador, José Alperovich, expresara que quiere “más policías en la calle”, frente a la ola de delitos que en las últimas semanas sacudió a la sociedad tucumana.