El Gobernador apelará el fallo que se conoció en las últimas horas en el cual el juez Luis Arias en lo Contencioso Administrativo ordenó abonar los días no trabajados a los maestros que adhirieron a la medida de fuerza
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, Luis Arias, ordenó a la Provincia que no aplique descuentos salariales a los docentes que adhirieron a los paros durante octubre y noviembre.
A peasr de esto, el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, sostuvo que el gobierno "acatará" la decisión judicial, cualquiera sea su mandato, debido a que "preservamos la calidad institucional", pero sostuvo que recurrirán la medida "ante la Cámara del fuero administrativo".
La resolución del titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, Luis Arias, a la que accedió DyN, dispuso además un plazo de cinco días para que el gobierno bonaerense reintegre los descuentos efectuados en los salarios docentes.
La presentación fue realizada el viernes de manera conjunta por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que integran el Frente Gremial, sobre los paros de los días 23 y 24 de octubre y 22 y 23 de noviembre.
Cuartango, en tanto, dijo a la prensa platense que el gobierno bonaerense "apelará" la resolución del juez Arias a través de la Fiscalía de Estado y ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la capital provincial.
El juez, en el fallo al que accedió DyN, consideró que la "admisión" de los descuentos "implicaría, en cierto modo, la supresión del derecho de huelga, sin que aprecien justificadas sus razones, mediante el dictado del acto administrativo que habilite dicho accionar".
Y agregó que su "limitación", en la retribución salarial, "agravia la dignidad del individuo, a impedirle el goce pleno de los derechos que le aseguren un nivel de vida adecuado para su subsistencia y la de su grupo familiar".
Sin embargo, para el gobierno bonaerense "el derecho a huelga" implica la "prohibición de aplicar sanciones disciplinarias a los docentes que participan de la huelga, pero no le impide aplicar descuentos en los sueldos por el día no trabajado".



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