Las asociaciones de familiares de víctimas del tránsito lo presentaron como el primer juicio oral y público por picadas en La Pampa. Sin embargo, de la acusación fiscal y de los cuatro testigos que declararon ayer, durante la primera audiencia, esa afirmación no quedó plenamente corroborada.
Molina, ex trabajador petrolero, está acusado de homicidio y lesiones, ambos delitos agravados por haberse producido durante un accidente de tránsito. Hasta ahora nunca contó su versión del hecho. Ni durante la instrucción de la causa, ni ayer en el inicio del juicio en la Cámara en lo Criminal 1.
La acusación fiscal dice que Molina perdió el control del vehículo y que en una maniobra "imprudente y negligente" embistió de atrás a los dos adolescentes, que iban caminando en sentido contrario al Fiat. En cambio no hizo tanto hincapié en que el victimario tenía un alto nivel del alcohol en la sangre.
De ser hallado culpable de homicidio culposo (sin intención de matar) podría ser condenado hasta cinco años de prisión. La otra alternativa -que seguramente planteará la querella- es la del homicidio simple cometido con dolo eventual (debió representarse que el resultado de su conducta podía provocar la muerte), que está sancionado con entre 8 y 25 años de cárcel.
Testigos con dos versiones.
Entre los testigos que declararon durante la instrucción -algunos de los cuales volverán a hacerlo en el juicio-, solamente una mujer habló específicamente de que Molina estaba participando de una picada con un taxi, también rojo. Ella habló de "dos rodados a alta velocidad que venían corriendo una carrera" y que "uno frenó, dio marcha atrás y se fue" y el otro embistió a Adan y a Miguel.
El chofer del taxi, Mateo Larrazábal, entregó una versión diferente. "Yo observé a los chicos y los saludé porque los conocía. De repente, miré por el espejo retrovisor y vi un Fiat que venía zizagueando. Después saqué la cabeza por la ventanilla y me tapó la polvareda. Di marcha atrás y nos bajamos junto al pasajero (Jorge Aníbal Pino)". Este ratificó las palabras de Larrazábal y agregó que cuando el taxista miró por el espejo, le comentó: "Mirá aquel cómo viene..."
Otros testigos también manifestaron que habían escuchado que los autos iban corriendo una picada. Luciano Portugal expresó que un rato antes había visto a Molina conducir "descontrolado" y que "era costumbre que anduviera ligero y casi siempre ebrio". El policía Marcelo Javier Meschini -el Fiat Uno terminó su alocada carrera en el frente de su casa- aseguró que el imputado tenía un "fuerte olor etílico" y que le pidió ayuda para bajarse porque "me quiero ir".
¿Qué dijeron los chicos? Andrada contó que los tres venían caminando y que sintió un golpe en la espalda y otro en la cabeza. Escudero testificó que Alan iba unos pasos atrás y que vio venir dos autos, "uno detrás del otro, aunque cerquita". De repente, giró y vio que "uno se me venía encima y el otro ya había pasado". Como saltó una canaleta evitó que Molina también lo atropellara a él.
Alcohol, cuatro veces más.
El dosaje de alcohol determinó que, al momento del accidente, Molina tenía dos gramos por litro de sangre, es decir cuatro veces por sobre el límite permitido. La médica forense de General Acha, Rosa Marlene Arretea Sánchez, afirmó en el juicio que los efectos de una ingesta son diferentes en cada persona, aunque acotó que con esos niveles "no tendría que haber manejado". Cuando el juez Carlos Novaretto le preguntó si no existe una escala científica para medir el grado de ebriedad, respondió que sí, pero que no la recordaba.
Como contrapartida, el bioquímico policial Juan Carlos Cremona, fue claro y tajante: "Con dos gramos se está en estado de ebriedad". Aunque también aclaró que todos los cuerpos responden de manera distinta, habló de "disminución de la visión y los reflejos y pérdida de estabilidad".
Después fue el turno del jefe policial de la Sección Accidentología Vial, Pablo Daniel Fuentes, quien se refirió a la pericia practicada en la calle Victorica. Determinó que Molina conducía a una velocidad "notoriamente excesiva", que calculó en "más de 80 kilómetros", y que "desde que se le descontroló el auto hasta que paró, derrapó en forma continua durante 40 metros en contramano". De esos 40 metros, en los últimos 13 chocó contra el cordón, un árbol y mató a Adan.
El abogado querellante, José Eduardo Fernández, quiso saber si pudo haberse tocado con otro vehículo. "No pudimos determinar si había otro auto. Tampoco nadie nos dijo nada. Solamente había un rastro de derrape. ¿Las razones? Pudo ser un adelantamiento, una distracción...", concluyó. Un detalle: en la causa no hay ninguna constancia de que el Fiat Uno tenía rastros de la pintura del taxi.
Desde hoy a las 16 y hasta el jueves, cuando se escuchen los alegatos, el juicio continuará en 25 de Mayo. El tribunal escuchará durante los tres días un largo listado de testigos.
ONGs, banderas y una foto
El caso Serraino ha repercutido fuertemente entre las ONGs que trabajan en la problemática de los accidentes viales. Por eso en la sala hubo quince representantes de Estrellas Amarillas, Malditas Picadas y de la Red Nacional de Familiares de Víctimas del Tránsito, llegados de distintos lugares del país. Ellos desplegaron banderas alusivas, con rostros de víctimas, en el ingreso al edificio judicial, y se colgaron en sus pechos una foto de Adan. Estuvieron acompañados por la diputada provincial del PJ, Mariana Baudino, que es de 25 de Mayo.
Los padres del menor, Rubén Ricardo Serraino y Amelia Zinki -que serán testigos en el juicio- se presentaron como querellantes particulares en el expediente. Ellos, pocos días después de la muerte de Adan, se reunieron con el ministro de Gobierno, César Rodríguez, y el procurador general, Mario Bongianino, para que se agilizara el expediente. Paralelamente, en la localidad, donde el homicidio tuvo fuerte repercusión social, hubo marcha pidiendo justicia.
Zinki, incluso, durante un acto de los petroleros -en ese momento Molina trabajaba en una empresa del sector-, se subió al palco y le dijo al secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, que estaba defendiendo a un delincuente. Hoy Pereyra, desde su cargo de secretario adjunto, es el número dos de Hugo Moyano en la CGT.



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