El juez federal Fernando Poviña, se refirió a "La Noche del Apagón", por la que procesó al presidente del grupo Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y a su gerente administrativo, Alberto Lemos, como partícipes en la privación ilegítima de la libertad de 29 personas durante la última dictadura. Según el magistrado, la "represión ideológica" se ubica "dentro de un contexto de intereses económicos".

Paralelamente, en los considerandos del procesamiento en cuestión, el magistrado confirma la complicidad y la sociedad entre empresarios y militares con el terrorismo de Estado instaurado en el período del Proceso.

"Había ciertas empresas que acompañaban al régimen porque tenían sus intereses económicos de la mano de la política neoliberal que estaba implementando ese régimen de facto", opinó el juez federal en Tucumán, que asumió en el juzgado de Jujuy para hacerse cargo de causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad.

Agregó, también que "lo que estamos viendo ahora es la participación de aquellas personas que no eran 'funcionarios': son civiles que actúan dentro de un patrón común que está dado por la acción del 'principal' o autor", aludió en referencia al papel de los acusados.

"Hay una empresa absolutamente dominante en la situación pública y privada, porque es el que da mayor cantidad de trabajo a todos los pobladores y que tiene una influencia muy grande", continúa Poviña en una entrevista concedida al diario Página 12 y reproducida por la agencia DyN, sobre la situación de Ledesma durante la dictadura. "Lo que tuvo en común la selección de personas secuestradas en esa época y en ese lugar específico es que muchas eran luchadores gremiales, sindicalistas o referentes sociales, relacionados con la lucha y reivindicaciones en el sector agro azucarero: y agro azucareros ahí significa una sola empresa", continuó.

A su vez, el texto redactado por el juez brinda un detallado relato de la sociedad que existió entre este empresariado industrial y los militares desde los tiempos de la Revolución Libertadora hasta la dictadura que comenzó en 1976.

En la resolución rubricada por Poviña se puede observar la lista de los industriales que, junto con los militares, participaron de esa sociedad que actuó en contra de trabajadores de empresas como Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz, muchos de los cuales aún continúan desaparecidos.

Colaboración operativa

De acuerdo a lo detallado por el portal infonews.com, a modo de ejemplo de la relación aludida entre ambos estamentos, el juez cita el caso del Brigadier General Adolfo Teodoro Álvarez (miembro de la junta militar que puso a Juan Carlos Onganía en la dirección del gobierno en 1966). Ese militar fue nombrado, años después, "en la empresa Ledesma como director de Relaciones Públicas del Ingenio, tal como fuera recordado por los imputados en sus respectivos descargos, y formaba parte del personal jerárquico de la empresa que asistía a las reuniones con los delegados gremiales", sostiene el juez.

Al centrarse en el caso que está siendo juzgado, según Poviña, Ledesma puso a disposición de las Fuerzas Armadas y de seguridad camionetas o vehículos de la empresa sin los cuales no se podían haber hecho los traslados. "Las fuerzas no contaban con un parque automotor grande. Por lo tanto, era imprescindible, para llevar a la persona detenida ilegalmente a los distintos lugares, contar con los medios de trasporte. Esos medios de trasporte fueron cedidos por la empresa Ledesma", acusó.

"No desconocían lo que pasaba, sino que estaban inmersos, dentro de una suerte de pequeño universo que estaba al tanto, apoyando la políticas económicas y sindicales de la última dictadura. Un hecho no es aislado, tiene que ver con lo que sucede en su exterior. Estos hechos que se están investigando están enteramente vinculados con un determinada situación política, económica y represiva de una determinada época del país", opinó el juez.

Asimismo, Poviña incluye en el auto de procesamiento documentos desclasificados por el Departamento de Estado de EE UU en los años del gobierno de Jimmy Carter. En esos documentos se comprueba "la relación entre empresas y fuerzas militares", pero también la exigencia de una mayor represión por parte de los industriales.

"Creemos que, en general, hay un alto grado de cooperación entre los directivos y las agencias de seguridad -cita el documento transcripto por el juez- dirigido a eliminar terroristas infiltrados en los lugares de trabajo industriales, y a minimizar el riesgo de conflictos en la industria. Autoridades de seguridad comentaron recientemente a la embajada que están teniendo mucho más cuidado que antes cuando reciben denuncias de los directivos sobre supuesto activismo terrorista dentro de las plantas industriales, que podrían ser en realidad apenas casos de legítimo (aunque ilegal) activismo gremial", enuncia el documento citado por el juez Poviña.