La Presidenta nunca pareció tener un firme compromiso con la libertad de prensa. Durante su gestión, el oficialismo y sus aliados sancionaron la ley de medios, pero se acaba el año legislativo sin que apoyen la aprobación de las leyes de distribución de publicidad oficial y de acceso a la información; el Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte que ordenó entregarle publicidad a Editorial Perfil, y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, o el titular de la Afsca, Gabriel Mariotto, con frecuencia atacan abiertamente a Clarín.

Pero anteayer, en la UIA, la Presidenta no apuntó sus dardos contra un medio en particular, sino que manifestó una desconfianza general, dirigida a todos los diarios.

De todas formas, fueron Moyano y Mauricio Macri los que más sufrieron el embate. Por ahora, la estrategia de la Presidenta -expresada en las últimas medidas contra los gremios y en el rechazo al proyecto de distribuir ganancias- apunta a desgastar hasta el extremo a Moyano y a otros sindicalistas, pero sin llegar a asfixiarlos. Moyano, es cierto, parece dispuesto a dar pelea, tal vez para mostrarles a sus colegas que sigue siendo un adversario útil y poderoso. Pero el Gobierno tiene en claro que no se puede exasperar al líder de la CGT sin poner en riesgo la paz en las calles. Puede ser más útil mantenerlo en su cargo, pero debilitado, para volverlo un poco más permeable. Moyano siempre fue indócil, pero nunca fue infiel. ¿Cómo se comportará en el futuro?

Tal vez por esa conveniencia política -y por la falta de pruebas concluyentes en contra del camionero-, permanece tranquila la causa que instruye el juez federal Claudio Bonadio por el cobro indebido de subsidios a los medicamentos: hace meses, Bonadio indagó a los gerentes de la Obra Social de Camioneros, pero nunca avanzó contra Moyano. Claro que la línea de flotación puede cambiar en cualquier momento.

Quien sí recurrirá a la Justicia es otro sindicalista peronista, Gerónimo "Momo" Venegas, líder de los trabajadores rurales (Uatre): impugnará una resolución que anteayer anuló la paritaria que había cerrado con la patronal. El Gobierno no tolera que haya pactado el 35 por ciento de aumento, aunque eso signifique que el salario rural trepe tan sólo a 2800 pesos.

En Pro también sacan conclusiones: el Gobierno puede negociar con el macrismo cargos en la Magistratura u otros temas menores, pero nunca cederá en temas centrales como el de subtes.

La Corte, por su lado, a través de varios actos, está embarcada en dar señales de transparencia. Pero las cifras que acaba de difundir el juez Eugenio Zaffaroni sobre los bajos índices de homicidios palidecen frente a las muertes aberrantes de Tomás (Lincoln) o Gastón (Miramar). La inseguridad, como la inflación, siempre emerge..