Según este trabajo –continúa el columnista- del que participaron el Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (Fores), la Fundación Libertad y la Escuela de Derechos de la Universidad Torcuato Di Tella, hay cierta mejoría en las respuestas de la sociedad adulta, lo cual implica que el desencanto crece entre los chicos. Un dato alarmante. Esta percepción social del funcionamiento de la justicia en el país es preocupante, pero no sorprende. Las creencias que movilizan a los grupos humanos derivan de la educación recibida y de las experiencias emocionales que se hayan vivido en los procesos de interacción social.

El juicio de valor sobre la Justicia en la Argentina –destaca- ha recibido durante las últimas décadas el embate de muchos hechos que han alterado la confiabilidad en las instituciones. Podría decirse que nada ha faltado para generar desconfianza, tanto en los comportamientos políticos como judiciales. Y seguramente el desorden público, es probable que incida en este lamentable resultado”.

Es bien sabido –aunque a menudo olvidado- que la vida social requiere la existencia de reglas de conducta claras y estables que permitan prever acciones y respuestas. Así, también, se esperan sanciones que reaseguren la vigencia de las leyes cuando éstas no son respetadas. Esa arquitectura normativa bien aplicada es la que afirma la creencia en un valor tan alto y digno como la justicia. Cuando no ocurre así, la confianza se socava y se desalienta la esperanza en el ejercicio de una justicia honesta, imparcial y eficiente.

La comprobación de esa realidad decepcionante debe mover a reparar una confianza indispensable para la organización y funcionamiento del Estado y la vida social.

De lo contrario, cada vez se pondrá más en riesgo el conjunto de convicciones que hacen posible creer y sostener nuestra concepción democrática, fundada en un juego armónico y equilibrado de los tres poderes, entre los cuales al Judicial le compete un rol independiente fundamental, concluye la nota.