El artículo 129 del Código Fiscal vigente señala que las declaraciones juradas, comunicaciones e informes que los contribuyentes, responsables o terceros presenten a la Dirección son secretos, pero no están alcanzados por el secreto fiscal “los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas y a la falta de pago de obligaciones tributarias exigibles, quedando facultada la Dirección para dar a publicidad dicha información, en la oportunidad y condiciones que la misma establezca”.

Pese a esto, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados convocó ayer al titular de la ATER, Marcelo Casaretto, para que se explaye sobre el tema. Del diálogo no surgieron mayores novedades, que no sea que algunos legisladores se hayan enterado de que Casaretto puede publicar el listado de deudores, incluidos los mismos miembros de la Legislatura provincial.

Básicamente, Casaretto explicó que el criterio utilizado por la ATER en el manejo de la información es de prudencia aludiendo a que no se publica información tributaria de dirigentes opositores ni críticos del gobierno. Igualmente explicó que hay situaciones en las que determinadas personas aparecen como deudores cuando no lo son, pero el error se produce por la falta de transferencia de un vehículo o la tardanza en la registración del cambio de propietario de un inmueble.

El jefe de los recaudadores provinciales remarcó que Entre Ríos “es la provincia que mejor recauda sin haber recurrido al escrache tributario como estrategia”, a diferencia de lo que ocurre en jurisdicciones como Mendoza o Buenos Aires, donde las listas de deudores están disponibles en los respectivos sitios digitales.

La iniciativa, que había sido presentada por el diputado justicialista Rubén Almará planteando la publicación de la lista de “grandes deudores”, quedó en comisión para un posterior tratamiento, lo que en la mayoría de estos casos, es una forma elegante de decir que no volverá a ser tratada.