El gobierno porteño recibirá las seis líneas de subte y el Premetro desde el próximo año, pero no aceptará la transferencia de las 33 líneas de colectivos que sólo funcionan dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y que fueron traspasadas del estado federal al capitalino, por una ley que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación el 28 de marzo por 162 votos a favor y 54 en contra. El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, que ayer utilizó su cuenta de Twitter, para anunciar que "no esta previsto", que la gestión PRO asuma las potestades de control sobre la treintena de líneas que sólo transitan dentro de la Capital.

La precisión corrigió las expresiones de la vicejefa de Gabinete María Eugenia Vidal, quien poco antes había dicho que la decisión de recibir el metro porteño incluía los colectivos.

La diferencia de opiniones confirma que la gestión de Macri no tenía claro si hacerse cargo o no del control de los transportes colectivos, pero finalmente, por ahora, no lo hará. La decisión podría engrosar la cantidad de litigios judiciales que mantiene la comuna contra el gobierno federal y viceversa, entre ellos, la causa iniciada por el Ministerio de Planificación Federal contra la Ciudad, por el cumplimiento de la ley federal votada a fines de marzo, a partir de un proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández en respuesta a la negativa de Macri de recibir el subte que había aceptado en enero de este año. El caso ahora está en la Sala IV de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo, y hasta ahora no ha mostrado ninguna evolución trascendente.

La ley votada en marzo no sólo limitó la posibilidad del macrismo de impedir la transferencia impulsada por la Nación, sino que le confirmó a la gestión PRO que ninguna provincia estaba dispuesta a federalizar o asumir los costos de servicios de transporte público que sólo transitan dentro de la Ciudad.

Con esta decisión, Macri mantendrá un frente abierto con la Casa Rosada por los colectivos, que siguen recibiendo subsidios del estado federal para mantener el boleto a 1,25. Hace más de un año, el gobierno porteño buscó distintas instancias para tener el control de los colectivos porteños y reformar sus recorridos. El primer pedido tuvo una respuesta favorable de la Nación, que le dio los permisos para modificar los recorridos del Metrobus que actualmente comunica Liniers con Puente Pacífico. Sin esos permisos, la comuna tampoco podrá avanzar en la línea de buses articulados que transitarán por la Avenida 9 de Julio, ni los que unirán la estación ferroviaria de Constitución con el Puente La Noria.

"Para que ese proceso se concrete faltan algunos meses, y por ahora la decisión de la Ciudad es no recibir los colectivos; iremos por partes, y recién ahora estamos avanzando en la forma en que administraremos los subtes", confió un alto funcionario a este diario sobre las precisiones de Rodríguez Larreta. El "por ahora" tiene una razón política de peso, ya que los expertos en transporte del PRO saben que no podrán aumentar la tarifa del boleto bajo tierra de 2,50 a un valor superior, sin conseguir un reajuste del viaje en colectivo, para evitar que el subte siga perdiendo pasajeros. Con esta negativa de aceptar los colectivos, la Ciudad insiste en cargar los costos políticos de un aumento en el boleto a la Nación, como un paso previo para que la gestión PRO aumente el viaje en metro, una de las claves que el estado porteño evalúa para financiar la administración del subte que, según anunció Macri, comenzará a regir a partir del 1º de enero de 2013.