José Manuel de la Sota descartó ayer que su Gobierno fuera a emitir bonos. En una reunión maratónica con su equipo de ministros, realizada en Río Cuarto, el mandatario bajó un concepto claro: “La Provincia paga en término todas sus obligaciones y cumple todos sus compromisos asumidos con la sociedad”, dijo. Un rato antes, su jefe de Gabinete, Oscar González, había anticipado en público que en el Gobierno “en ningún momento existió una iniciativa en esa dirección”, respecto de la posible emisión de cuasimoneda.

Si hay señales de acercamiento con la Casa Rosada, sólo DLS las conoce. Pero sus colaboradores entienden que los largos meses de negociaciones y gestos podrían dar sus frutos. La primera señal sería un crédito blando del Banco Nación al Gobierno de Córdoba por 1.200 millones de pesos.

“El gobernador transmitió optimismo”, señaló un funcionario que estuvo en la reunión realizada en el Centro Cívico de Río Cuarto. Una señal de la “buena onda” es que ayer el Gobierno pagó a sus jubilados y hará lo propio con los activos el miércoles, primer día hábil de mayo.

La recaudación en el primer trimestre del año tuvo un incremento del 22,7 por ciento en comparación con el mismo período del año pasada. La Provincia juntó entre enero y marzo 5.104 millones de pesos. Esto en medio de un ajuste interno de los gastos, que derivó el recorte de unos tres mil de contratos.

Este panorama no se condice con la toma de nueva deuda pública realizada por el Gobierno provincial en las últimas horas. Ayer se conoció el decreto a través del cual DLS habilitó otra emisión de títulos de deuda, esta vez por 200 millones de dólares. Un día antes, la Provincia había colocado 89,7 millones de pesos en otra deuda con el mecanismo de “letras”.

Así, la deuda pública admitida por el Ministerio de Finanzas superará los 12 mil millones de pesos en sus distintas variables: desde créditos de organismos internacionales hasta estos bonos para el mercado local.

Según el Gobierno, los 200 millones de dólares fueron autorizados por la Legislatura el año pasado. En octubre, el oficialismo hizo pesar su mayoría para aprobar el endeudamiento por 1.330 millones de pesos. Por ahora no se sabe cómo saldrá a tomar esta nueva deuda. Lo que sí se sabe es la garantía será la coparticipación federal. El Banco de Córdoba montará la operación financiera, por la cual cobrará 9,3 millones de pesos.

Los frentes abiertos

La Nación cerró durante 2011 el grifo de fondos para Córdoba.

La Provincia le reclama fondos para la Caja de Jubilaciones: 1.400 millones de pesos. El aumento salarial del 25% en cuotas empezó a impactar este mes.

También reclama reintegros de obras nacionales que pagó Córdoba por unos 500 millones de pesos.

Además está en juego la renegociación del contrato entre la Epec y la Nación. Actualmente, lo que paga el Gobierno de Cristina por la energía generada en la central de Pilar cubre la mitad de los gastos. La pérdida es de unos 800 millones al año.

Córdoba tiene una deuda pública reconocida de $ 12 mil millones.

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El Gobierno niega caída de la coparticipación

“No hay demoras ni restricciones en cuanto a la coparticipación”, dijo ayer Oscar González, quien salió al cruce de varios intendentes que se quejaron en las últimas horas por la desaceleración en el envío de fondos provinciales hacia los municipios del interior.

El Gobierno informó que entre enero y marzo se coparticiparon 668,4 millones de pesos, de los cuales 210,7 millones fueron para las arcas que administra Ramón Mestre.

Lo cierto es que los intendentes se quejaron días atrás de “contratiempos” en sus cuentas. El caso más grave parece ser el de Río Cuarto. Juan Jure, el intendente de esa ciudad que acaba de ser reelecto, admitió que le será difícil abonar los sueldos a los municipales, por lo que desdoblará el pago. Responsabilizó por esta situación a “la caída de la coparticipación”. “No es diferente a la que viven otras localidades de la provincia”, dijo Jure. Otra radical, Daniel Salibi (Mendiolaza) también se quejó en un mismo sentido.