Desanimados mas no vencidos. En esos términos se han descripto a sí mismos ayer los consejeros Jorge Cinto, Esteban Jerez y Edgardo Sánchez respecto de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que el viernes pasado declaró de oficio la inconstitucionalidad de la exigencia legal del puntaje mínimo para pasar a la entrevista oral en el proceso de selección de cuatro vocales para la Cámara Civil y Comercial Común, que administra el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).

"Hay una gran desazón. Entiendo que la gente tiene derecho a plantear sus demandas ante la Justicia, pero, al mismo tiempo, me pregunto qué jurado querrá intervenir en nuestros concursos después de esta sentencia. Es muy desilusionante", opina el legislador Jerez respecto de la solución que dio el alto tribunal al planteo de la relatora María del Pilar Amenábar,que manifestó haber sido víctima de una supuesta arbitrariedad manifiesta en la corrección de su prueba escrita de oposición.

Sánchez, consejero suplente por los magistrados de Concepción, no comparte el análisis que la Corte hizo sobre el concepto de idoneidad establecido en la Constitución provincial (ver "Una decisión..."). "Me desconcertó el tenor del fallo; en todo el país existen leyes que reglamentan la selección de jueces mediante la intervención de consejos de la magistratura y todos ellos están facultados para determinar cuáles son los postulantes más capaces dentro de los idóneos. La Legislatura hizo una reglamentación razonable de las cláusulas constitucionales", puntualizó.

La Corte emitió una sentencia contradictoria, según Cinto, representante en el CAM de los letrados matriculados en Concepción. "Por un lado se pretende que los mejores abogados ingresen a la magistratura por medio de un concurso y, por el otro, la Justicia retacea el método de selección quitándonos la posibilidad de establecer las pautas para ello", advierte el abogado.

Los tres consejeros coinciden en que el CAM no debe resignarse. Sánchez propone incluso estudiar si este puede solicitar la revisión de la sentencia amparándose en la reforma de la Ley 8.197 que le concede legitimación procesal plena para actuar como actor o demandado en las causas relativas a su competencia.

Cinto reflexiona sobre la posibilidad de que otra integración de la Corte falle de un modo distinto en alguno de los cinco procesos sobre el mismo concurso pendientes de resolución. "En ese caso, sólo una sentencia de la Corte Suprema de la Nación permitiría unificar el criterio", razonó.

Jerez está dispuesto a ir más lejos: "aunque sea una cuestión de Derecho Público Provincial, está en juego una institución clave. Hay que llegar hasta la Corte de la Nación y, si hace falta, hasta los tribunales internacionales"