Las pruebas son contundentes. Desde 1983 hasta 1991, la Municipalidad de Córdoba tuvo aproximadamente 6.400 empleados. Ramón Mestre entregó el poder a su sucesor, el también radical Rubén Martí, exactamente con la misma cantidad de personal con que la había recibido. Este, a su turno, mantuvo durante sus ocho años de gobierno una nómina similar aunque, al final de su mandato, efectivizó 1.500 empleados. Inmediatamente después de estas designaciones, y con un opinable sentido de la estética, envió al Concejo Deliberante la reglamentación del artículo de la Carta Orgánica Municipal (COM) que prevé el ingreso por concurso. Germán Kammerath, en el inicio de su período, se quejó sotto voce de esta triquiñuela, aunque el enojo no trascendió demasiado.

El liberal mantuvo, en grandes líneas, los números heredados. Al final de su cuestionada gestión intentó cubrir los cargos vacantes de la planta permanente mediante el sistema reglamentado por Martí, decisión que le valió las ácidas críticas de Luis Juez quien, como candidato a intendente, no dudó en advertir a los cordobeses que “no gastaran ni un cospel” para participar en estos concursos: él los anularía sin más trámite. Este veto logró que el primer -y, por ahora, el último- intento que tuvo el municipio por cumplir con la ley fracasara rotundamente.

No hace falta decir que, una vez a cargo del Palacio 6 de Julio, Juez arrojó este sistema por el excusado. Dado que, al asumir, su estructura política era anoréxica, necesitaba imperiosamente de tropa propia. En rigor, no le había hecho falta demasiados militantes para hacerse con el triunfo. Sus sonadas denuncias le habían deparado fama de justiciero, y la irresponsable amplificación que de las mismas había realizado la “prensa independiente” le habían asegurado una cómoda victoria. Pero una cosa es llegar sin gente y otra es gobernar sin ella. A lo largo de sus cuatro años de mandato supo acumular contratados por doquier para apuntalar su proyecto político. Su transparencia y honestidad necesitaban de mucho empleo público para formar apóstoles capaces de difundir su doctrina de purificación entre los escépticos. Al final de su mandato, y a decretazo limpio, pasó a 4.500 de estos contratados a la planta permanente, el auténtico nirvana de la estabilidad y los buenos ingresos. Por una trampa del destino, Daniel Giacomino terminó firmando algunos de esos decretos a inicios de su gestión.

¿Qué dirán ahora los críticos a los concursos provinciales ante este desatino póstumo de la gestión Juez? ¿Seguirán rasgándose las vestiduras por exámenes realizados a la luz pública y callando incomprensiblemente ante el festival de designaciones secretas orquestadas por quien dice ser el redentor de la política tradicional?

Estos nombramientos masivos, al lado de los cuales los concursos del gobernador Juan Schiaretti parecen propios de un liceo de señoritas, penden aún hoy como espadas de Damocles sobre las cuentas municipales. Giacomino padeció las consecuencias financieras de esta ordalía de designaciones a inicios de su mandato, siendo uno de los factores que explican su ruptura con Juez. Fue en marzo de 2008, precisamente, que el intendente pretendió exorcizar el antecedente congelando las vacantes de personal mediante una ordenanza ad hoc. Posteriormente, una iniciativa del entonces concejal Ramón Mestre (h) vino a fortalecer esta determinación anticíclica, estableciendo que el gasto salarial no debería exceder el 50% del presupuesto anual. Nadie en la oposición quería saber nada con heredar un legado similar al que Giacomino había recibido de su amigo.

Pero, al igual que ciertas pesadillas de la niñez, los nombramientos de Juez parecen regresar cada tanto. Ahora el Suoem pretende que el municipio incorpore 1.400 nuevos agentes a la planta permanente, personas que fueron contratadas bajo la figura del artículo 8 del Estatuto del Empleado Municipal por el juecismo a finales de su mandato. Es decir que a las efectivizaciones realizadas en marzo de 2007, deberán sumarse este poco menos de millar y medio de postulantes, si es que el reclamo gremial tiene éxito. Es evidente que la odisea no termina, y que la incredulidad ante semejante “pasivo oculto” se encuentra perfectamente justificada.

La metodología del cursus honorum del Frente Cívico se repite: primero contratados, luego pase a planta permanente. Un sistema que parece ser infalible para sus beneficiados. ¿Qué dirán ahora los críticos a los concursos provinciales ante este desatino póstumo de la gestión Juez? ¿Seguirán rasgándose las vestiduras por exámenes realizados a la luz pública y callando incomprensiblemente ante el festival de designaciones secretas orquestadas por quien dice ser el redentor de la política tradicional? Debe, en algún momento, primar el buen sentido y decir las cosas como son. Nada bueno ha traído la supuesta renovación que dice encarnar el actual senador. Ni ideas, ni gestión. Eso sí: abundante empleo público, incoado entre gallos y medianoche con el gremio municipal, principal cantera programática del fin del choreo.