El “Megafraude de Desarrollo Social”, que saltó a la luz por una investigación de El Ancasti en 2004, adquirió movilidad en el transcurso de la semana pasada con la última resolución del juez de Control de Garantías, de segunda nominación, José Antonio Carma, quien dictaminó que los ex funcionarios Pablo Córdoba Molas (ex secretario de Desarrollo Social) y Ariel Regina (ex director de Políticas Juveniles), sigan involucrados en la causa y sean enviados a juicio oral y público. Y dictó el sobreseimiento total y definitivo de los empresarios Carlos Arriazu (fundación Jóvenes en Progreso) y Hugo Diamante (fundación Ideia), medida que fue apelada por los abogados de Molas y Regina, a partir del razonamiento de que los ex funcionarios también deberían quedar fuera de la causa.

Fue ahí que el fiscal de la Unidad de Delitos Criminales, Ezequiel Walther, ingresó un pedido de nulidad contra la última resolución que tomó el juez Carma, al entender que todos los involucrados deberían ser enviados a juicio oral y público. Además de los arriba nombrados, existe un cuestionamiento por el sobreseimiento del ex contador general de la Provincia Juan Andrés Barrios, quien dio celeridad a expedientes para el pago de capacitaciones que iban de los $130.000 a $270.000. Se estima que el daño causado al erario provincial ascendería a unos 4,2 millones de pesos.

Es que durante la corta gestión de Córdoba Molas, se financió con dinero del Estado provincial cursos de perfeccionamiento que no se realizaron o que se habían llevado adelante sin el número de asistentes declarados y por los que se pagaron abultadas sumas.

En reemplazo de Córdoba Molas, asumió la brizuelista Marta Torres, quien tampoco pudo terminar su gestión tras ser denunciada judicialmente. (Ver página 3).

Compras directas

Anterior al escándalo del megafraude, persiste sin resolución la causa por las compras directas de Acción Social en el denominado “negocio del hambre”. En 2003, cuando el gremialista Víctor Brandán se desempeñó durante nueve meses como subsecretario de Acción Social, se hicieron compras directas por unos 27 millones de pesos, con especial intensidad en tiempos previos a las elecciones (ese año hubo tres campañas proselitistas) y en los últimos días de la gestión del ex funcionario, antes de que asumiera como diputado provincial. Al Tribunal de Cuentas le resultó imposible determinar si los elementos adquiridos habían llegado en efecto a manos de los beneficiarios. Y se determinó que un 70% de las compras directas se cerraron con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales había iniciado sus actividades poco antes de comenzar a proveer al Estado. Esto hizo crecer las sospechas de maniobras ilícitas.

La operación fue posible por el polémico decreto 1.544, firmado por el ex gobernador Oscar Castillo, por el cual había elevado a 350 mil pesos el monto para realizar compras directas.

Los fueros de Brandán

Mucho tiempo debió pasar para que Brandán finalmente fuera indagado por la Justicia por las compras de directas de Acción Social. Es que en diciembre de 2003 el ex funcionario asumió como diputado provincial (2003-2007). El entonces juez de control de garantías, Jorge Rolando Palacios, solicitó en 2005 ante la Cámara de Diputados el desafuero de Brandán, situación que no prosperó por el accionar corporativo de los legisladores del Frente Cívico y Social –con mayoría propia en esos tiempos- que impidió el avance de la investigación. Sobre el gremialista pesaban acusaciones por "malversación de caudales públicos" y "fraude en perjuicio de la administración pública".

Recién en agosto del año pasado volvió a reactivarse la causa cuando el fiscal a cargo de la Unidad de Delitos Criminales, Exequiel Walther, indagó a Brandán, al ex ministro de Salud y Acción Social, Pablo Doro, y a otros tres ex funcionarios.

Con las indagatorias se interrumpieron los plazos de prescripción, y la Unidad de Delitos Criminales seguirá incorporando pruebas.