Como oportunamente consignáramos, esta última semana, en el estudio de la abogada Mariangel Perret, los trabajadores del ex frigorífico Boicam SA anunciaron formalmente una iniciativa en pos de la reactivación de esa planta, bajo la forma de una cooperativa.

Este era una tema que nos interesaba -obviamente, porque la propuesta es reactivar una importante fuente de mano de obra para la ciudad-; más aún si se logra concretar un emprendimiento de estructura cooperativa.

En efecto, como hemos referido, ya en la última sesión del cuerpo deliberativo local, el vecinalismo había elevado una nota de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo "arbitre acciones para contribuir a la conformación de una cooperativa de trabajo por parte de los ex trabajadores del Frigorífico Boicam S.A. y solicitando la concurrencia al concejo de los funcionarios que corresponda, a los efectos de proveer copia de la documentación disponible en relación con los contratos de compra-venta con la firma El Araucano SRL y las sucesivas cesiones de derechos sobre el inmueble del ex matadero municipal, e informar sobre la actual situación jurídica del inmueble".

Esta minuta fue aprobada por el peronismo y el vecinalismo, y rechazada por el bloque radical.

Independientemente de ello, es evidente que esta es una iniciativa que debe ser acompañada desde todos los sectores del gobierno municipal, en pos del objetivo de máxima planteado.

La situación (ya lo mencionábamos esta última semana) tiene dos aristas: una, la legal, que se finca en las acciones iniciadas por diez ex trabajadores de Boicam, que reclaman salarios y aportes adeudados. En ese marco, hay una medida cautelar que promovió la inhibición de la razón social, y aguarda resolución final.

Y la otra es el proyecto laboral y, obviamente, su importancia intrínseca: en efecto, los trabajadores de la ex Boicam y su asesora sostienen que es factible -de hecho lo es, y hay antecedentes muy positivos- reactivar esa planta frigorífica, mediante una estructura cooperativa. De fraguar esta posibilidad, los trabajadores se harían cargo de la producción de la planta y de esa forma serían recuperadas no menos de diez plazas laborales; léase diez familias beneficiadas inmediatamente. Sin dejar de lado el hecho de que, en su mejor momento, la planta llegó a ocupar más de treinta operarios.

Para que esto se logre es fundamental que el gobierno municipal -que ya está al tanto de la iniciativa- ordene la situación legal del predio, que pertenece a la comuna. Justamente, habría una situación no del todo clara con respecto a la operación de venta efectuada oportunamente, que le atribuiría al Ejecutivo la posibilidad de readquirir la planta.

De esa forma, se allanaría el camino para la implementación de una cooperativa de trabajo que, a su vez, permitiría reactivar una planta frigorífica importante a nivel regional, con estructura para faenar vacunos y porcinos y para realizar desposte: beneficio extra para matarifes y carniceros de la ciudad.

Lógicamente, esto es harina de otro costal en relación a la situación legal planteada a partir de la acción judicial de los ex trabajadores de la planta: esta situación se plantea en otro terreno y tendrá una resolución independiente del proyecto que nos ocupa. En la misma línea, cabe aclarar que este informe que sigue no tiene el propósito de abrir opinión ni menos aún juicios de valores sobre la instancia judicial del proceso: no es ese el tema de fondo que nos ocupa.

Así, para concientizar a la comunidad de la situación que están atravesando, es que la abogada Perret y los diez trabajadores que representa decidieron darle difusión al proyecto que estos alientan para lo cual, en tanto, están realizando una campaña de recolección de firmas en adhesión.

Reactivar es

el punto crucial

Ese es el punto que nos interesa: el de la reactivación industrial posible, en este caso puntual, en nuestro distrito. Alguna vez comentábamos, en informe anterior, que mediante ciertos datos -no oficiales- se estimaba que en Rojas se pudo haber perdido, entre principios de los '80 a la fecha, no menos de mil plazas laborales especializadas, sobre todo en cuanto a la industria metalúrgica.

Evidentemente, no se puede ni se debe correr el riesgo de seguir perdiendo mano de obra capacitada: esta es fundamental para el tema que nos ocupa que es el de la reactivación industrial.

Porque no basta con tener un parque o un modesto sector industrial; no basta tampoco con jurar que se hará todo lo posible para "traer" a Rojas industrias y empresas: el trabajo industrial lo hacen los trabajadores, sea en una planta fabril, en un taller metalúrgico o en un frigorífico.

Por ende, y considerando -como bien dijo en sus declaraciones la abogada Perret- que hay un contexto nacional en el que el crecimiento de la producción industrial es indisimulable, incontrastable, hay que aprovecharlo. Máxime cuando hay políticas de Estado que facilitan la recuperación de industrias quebradas, cesadas, fundidas o lo que sea, por parte de sus trabajadores.

Pero para entender bien la cuestión, hay que hacer un poco de historia.

Industrialización y

desindustrialización

La conjunción de políticas desarrolladas en el marco del modelo neoliberal aplicado en el país entre 1976 y 2001 tuvo como resultado directo la desestructuración total del aparato productivo nacional y la extranjerización de la mayor parte del capital restante. La apuesta estratégica de los sectores hegemónicos por la apertura indiscriminada de los mercados derivó en la desaparición de gran parte de la pequeña y mediana industria, la deslocalización de algunas grandes empresas, y la absorción y concentración en grandes grupos económicos de otras.

Al mismo tiempo y como parte de la misma lógica, se produjo una transferencia de gran parte del capital productivo al capital financiero. Acompañando este proceso, se destruyeron la mayor parte de las protecciones legales al trabajo, se generó un contexto de desocupación masiva y se sumió a gran parte de la población en la pobreza y la indigencia.

Este tipo de políticas fueron acompañadas por la reestructuración y el desmantelamiento del Estado nacional, que tuvo como uno de sus principales productos la entrega, ilegal y escandalosa, al capital privado, de la totalidad de las empresas públicas.

Un Estado desmantelado y endeudado no tuvo tampoco posibilidades de continuar con el necesario desarrollo infraestructural. Así, las grandes obras que se habían constituido en la base fundamental para el desarrollo productivo del país, fueron también transferidas al capital extranjero.

La no existencia de política industrial y el sometimiento del Estado a las presiones de los organismos internacionales de crédito, limitaron severamente los márgenes de decisión política de los gobiernos. Así, cualquier estrategia de inversión quedó en manos de los capitales individuales que, impulsados por las barreras abiertas a la especulación financiera, abandonaron la vía productiva.

Podemos afirmar que dos efectos directos y correlacionados de la política neoliberal fueron la destrucción de nuestro aparato productivo y el constante aumento del desempleo. La premeditada desigualdad en la distribución del ingreso tuvo como objetivo final de dicho modelo favorecer solo al capital mas concentrado y en él a aquel que contaba con capacidad para bascular entre la producción y la especulación, según convenga en cada momento.

La crisis de la que aún estamos saliendo no es casual: es el resultado de un esquema económico y político destinado a beneficiar a ciertos intereses económicos, a costa del genocidio planificado concomitante a la desigualdad social y el empobrecimiento de la mayor parte de la población.

Al mismo tiempo, ese modelo impuesto a sangre y fuego durante la dictadura procesista, y continuada luego por los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa no es propio sino impuesto por los capitales trasnacionales que, en lo que se denomina como "división internacional del trabajo", le asignan a nuestro país, en particular, y a la Suramérica en general, el papel de productor de commoditties baratas -sujetas a las especulaciones del mercado bajista- y generador de mano de obra reemplazable.

Esto, en beneficio del desarrollo unilateral del mercado tecnológico-industrial, que cooptan las multinacionales con base en los siete países más industrializados del mundo.

Política y desarrollo o

políticas para el desarrollo

En ese sentido, creemos estar hoy en el contexto de una oportunidad histórica para la reconstrucción de un espacio popular que resignifique el poder político en Argentina.

Si esto es así, cualquier construcción de una expresión social y política y su programa de trabajo debe tener una fuerte impronta en el desarrollo de una acción dirigida a la recreación de un espacio productivo nacional.

Debemos pensar en una industria que se asiente en una dinámica de complementación entre las distintas ramas que la componen, y que se articule con el funcionamiento de un sistema educativo coherente.

Hay que diseñar instrumentos que se orienten hacia la generación de una infraestructura adecuada a la expansión industrial y al bienestar de nuestra población. Es necesario también establecer una revisión del cumplimiento de los pliegos de concesión de las empresas privatizadas, haciendo caducar aquellas que no hayan cumplido con las premisas en ellos establecidas.

Resulta fundamental recuperar, para la sociedad argentina, el control de sus recursos energéticos básicos, como el petróleo, el gas y la electricidad. No pueden quedar las determinaciones de prestación de servicios y desarrollo infraestructural en manos del capital extranjero.

El desarrollo probable

y la reactivación posible

Por eso consideramos fundamental -además hay un contexto político, social y normativo que lo facilita y promueve- no anteponer el paradigmático carro por delante del equino, y si bien es correcto pensar y aplicar una política local que fomente la radicación industrial, hay que pensar y aplicar, prioritariamente, una política local que, primero, protezca y fomente las industrias locales y, segundo, tienda a recuperar o reactivar, en la medida de lo posible, las industrias eventualmente paralizadas, sea por cuestiones coyunturales o estructurales.

El caso del ex Frigorífico Boicam puede ser paradigmático en ese sentido. Resulta claro que el gobierno municipal, si está en condiciones legales de readquirir el predio de esa planta, debería agotar las alternativas para ello, independientemente, de la cuestión judicial (que no le compete a la comuna) y de las complejidades inherentes, que seguramente las hay.

Y de esta manera se facilitaría el proyecto planteado por los ex empleados de esa planta: recuperar y preservar una importante fuente de mano de obra que, además, ofrece determinadas ventajas comparativas por las características de la estructura montada no solamente para Rojas, sino también para la región.

Otro caso paradigmático,

¿sin soluciones posibles...?

La planta de la ex BARF, sita en avenida Fortín Mercedes y Hernández, albergó otrora a una poderosa firma metalúrgica que, tras años de serios reveses económicos, tuvo que cesar en sus actividades.

Actualmente, el predio se encuentra embargado ya que hay una acción judicial en pleno proceso, activada por ex empleados de la empresa.

Desde ese momento a la fecha, las naves abandonadas de la planta han sido frecuentemente asoladas por vándalos y malhechores. Inter medias, naufragó una iniciativa de ex empleados para reactivarla mediante un sistema cooperativo, otra privada para montar en ese lugar una nueva firma del rubro metalúrgico, activada hace algunos años, como así también alguna iniciativa del gobierno local para adquirir el predio y trasladar allí áreas municipales operativas, como Servicios Urbanos u Obras y Servicios Viales.

La ex planta de la firma BARF ocupa un enorme predio -cerca de 9 mil metros cuadrados- sobre avenida Fortín Mercedes, entre Hernández y Martínez Fontes. (Aclaramos que no vamos a hacer toda la historia de esa planta metalúrgica, sino un breve introito).

Este predio consta de un gran espacio originalmente parquizado, hoy invadido por las malezas, y las estructuras fabriles y administrativas en sí: hacia el lado oeste, ingresando por calle Hernández, se encuentra el ala de la planta que albergaba el área de arenado, más otros talleres y depósitos; al centro, se encuentra la antigua planta de fundición y mecanizado, con una "cancha", según se denomina en el rubro al espacio destinado a la colocación de los noyos, de enormes proporciones, más talleres y las áreas de mecanizado y, al lado, en dos plantas, se distribuían originalmente las áreas administrativas.

Las dependencias incluían además lo que antiguamente era el comedor y los servicios sanitarios del personal.

En sus buenos momentos, la firma llegó a ocupar a más de un centenar de empleados directos; producía piezas mecanizadas y fue una de las grandes proveedoras de la fábrica Vasalli, entre otras.

Pero la empresa resultó duramente golpeada por las sucesivas crisis económicas y el esquema de desindustrialización iniciado a fines de los 70, con el golpe cívico-militar del "proceso" que destrozó la producción nacional, y las políticas económicas neoliberales que aplicaron los gobiernos electos entre mediados de los 80 y 2003.

Como la ex BARF, en rigor, formaba parte de una cadena de producción industrial a gran escala, no pudo despegarse del nocivo efecto dominó que terminó por derrumbarla.

Si bien en sus últimos tiempos la industria no tenía ya tantos empleados como en sus tiempos de esplendor, estos, afectados por el hecho de quedarse sin trabajo, iniciaron acciones legales cuyo efecto inmediato fue el embargo de las naves y el predio.

Previamente, en una acción que muchos recuerdan poco menos que con horror, la justicia había ordenado el remate judicial de buena parte del equipamiento de la planta: así, y estuvimos presentes y por eso lo decimos en estos términos, una bandada de verdaderos buitres se llevó tornos, fresadoras y demás máquinas para mecanizado, moldes, herramientas y demás, despojando en términos prácticos a la planta de cualquier posibilidad de ser reactivada en lo inmediato, de no mediar, obviamente, una fuerte inversión en herramientas. Saqueo legal, que le dicen.

Comenzaba así un largo proceso de instancias judiciales aún no resuelto, mientras que el tiempo, los vándalos y los malhechores, se encargaban de saquear y destrozar las naves abandonadas que, a su vez, fueron invadidas por elevados pastizales.

Ahora bien. Tenemos, a las puertas de barrio Belgrano, un predio apto para albergar emprendimientos de cualquier tipo, en desuso, plagado de pastizales, foco de constantes ilícitos y, ahora, de siniestros potencialmente peligrosos. Tenemos, inter medias, una cuestión judicial. Y tenemos, en el final de la cadena, pero no por eso el eslabón menos importante, los intereses de la comunidad, que se ve directamente perjudicada por toda esta situación.

Hace algunos años, un proyecto de inversionistas privados propuso a los actuales dueños de la firma una instancia de reactivación. Pero esta estaba acotada económicamente: había una determinada cantidad de dinero que debía utilizarse para poner en marcha la planta y solucionar los conflictos judiciales.

Esta posibilidad no fraguó por distintas circunstancias pero, fundamentalmente, porque no hubo arreglo en cuanto a los litigios. No hacemos un juicio de valores: fue así, sencillamente.

Poco después se conocería que había tibios acercamientos entre los dueños del predio y el gobierno local, para evaluar qué se podía hacer al respecto.

Fundamentalmente, porque el municipio habría estado en esos momentos interesado en disponer de esas instalaciones, para albergar estructuras operativas del municipio que, actualmente, carecen de comodidades funcionales óptimas. Como, por ejemplo, las áreas de Servicios Urbanos y de Obras y Servicios Viales.

Y esto, a su vez, permitiría la implementación de un proyecto tendiente a descomprimir el cementerio municipal que de esta forma -siendo la única posibilidad física existente- podría expandirse hacia lo que hoy se conoce como Corralón municipal.

Pero esta alternativa, por lo menos hasta ahora, tampoco ha pasado de ser una posibilidad, que parece, para colmo de males, cada vez más remota, toda vez que nunca más volvió a mencionarse, siquiera.

En conclusión...

... estamos convencidos de que deben agotarse todos los recursos para evitar que otra planta industrial local se convierta en una nueva BARF; e incluso no nos parece imposible (por lo menos, habría que intentarlo) recuperara a aquella planta metalúrgica.

Si alentamos el desarrollo probable de nuestro pueblo, debemos remitirnos casi con exclusividad al diseño de políticas proactivas en materia de industrialización. Políticas sustentables y, además, que configuren un lineamiento de Estado que debe preservarse independientemente del signo partidario del gobierno de turno.