Eran las 7 de la mañana del primer día de Congreso en Beijing. La seguridad en la capital era absoluta: agentes uniformados, policía secreta y casi 1,5 millones de voluntarios escrutaban las calles a la búsqueda de movimientos sospechosos. Sin embargo, Wu Pei se las ingenió para plantarse en el centro de la plaza de Tiananmen, lanzar papeles con consignas y clamar al cielo “¡bandidos, ladrones!” . En cuestión de segundos, una decena de personas se abalanzaron sobre ella y la sacaron a rastras. Los bandidos a los que se refería Wu no era la plana mayor del Partido Comunista, sino los dirigentes locales de su pueblo. En China estallan miles de protestas cada año, pero ninguna fija su objetivo en el gobierno central. La fuente de la ira son los dirigentes locales y regionales, quienes lejos del control de Beijing convierten sus dominios en satrapías, amparados por la censura y el absoluto control de la Justicia (en China los jueces son funcionarios del Partido).

Para evitar que casos como el de Wu Pei afearan la pomposa celebración del 18º Congreso del PCCh, la seguridad en Beijing alcanzó estos días niveles paranoicos. Los taxis desmontaron las manivelas de las ventanillas para evitar que nadie arroje papeles, se prohibió el uso de palomas mensajeras (un divertimento que adoran muchos chinos), la venta de cuchillos fue suspendida y hasta los niños se quedaron sin globos que volar. Un signo claro de nerviosismo por parte de un Partido que se sabe acorralado por el malestar de las clases más humildes , aquellas que en sus orígenes juró defender y que hoy son las grandes olvidadas del despegue económico del país: En un país de 1.300 millones de personas, más de 150 millones siguen viviendo con poco más de un dólar por día.

Hubo un tiempo en el que la Oficina Nacional de Cartas y Quejas al menos atendía a los miles de peticionarios que, venidos de toda China, viajaban a Beijing para solicitar el amparo del gobierno central cuando consideraban que habían sido víctimas de una injusticia, una práctica desesperada que se remonta a tiempos imperiales. Ahora, ni siquiera logran atravesar la puerta. Tal cual llegan, unos autobuses los esperan para llevarlos de nuevo rumbo a su pueblo, previo paso por centros de detención.

Así le ocurrió a Xu Lingyong, un soldado retirado que sufre discapacidad, la última vez que acudió a Beijing. Fue despedido de su fábrica a pesar de estar amparado por la ley de trato preferencial. Acudió a la Oficina de Quejas junto a su hermano, quien había caído en la misma desgracia. Ambos fueron sometidos a un “curso de régimen jurídico” en un centro especial. Xu denunció golpes, hambre y malos tratos durante su retención forzosa. Su hermano menor murió tras nueve meses internado, según indicó el diario de Jinan.

La sociedad hierve por culpa de la corrupción oficial , pero también a causa de las expropiaciones forzosas. Cientos de miles de personas perdieron sus casas en los últimos años porque por ese terreno debía cruzar un tren de alta velocidad, una autopista, una presa o, lo más común, un complejo residencial de alto nivel. En la mayoría de los casos, los propietarios apenas reciben una mísera compensación.

Un blog mostraba estos días las fotos de un reciente desalojo sin previo aviso. Según los aldeanos, más de 80 personas con guantes blancos y ropa de camuflaje irrumpieron de noche y sacaron a la gente de sus camas. Antes de marcharse, echaron abajo las casas de cuatro familias con una excavadora, dejándolas literalmente sin techo . En otra aldea, Wang Haorong y su madre de 81 años se rociaron gasolina al ver a los equipos de demolición ingresar en su hogar. La madre se prendió fuego y murió. Wang fue enviado 10 días a prisión por alterar el orden público.

El trabajo de convencer a los habitantes para abandonar sus casas suele recaer en matones prestos a amenazas y golpes. En Beijing, por ejemplo, los habitantes del humilde barrio de Caishikou se quejaban semanas atrás de las intimidaciones que vienen sufriendo para que abandonen sus hogares y dejen vía libre a nuevos complejos residenciales y relucientes centros comerciales. El notable aumento de los desalojos violentos se debe a la necesidad de los políticos locales de vender el terreno a promotores inmobiliarios y poder pagar con esa plata los préstamos recibidos por el gobierno central, dilapidados en inversiones no siempre claras, según revela un informe de Amnistía Internacional. En China, la tierra es propiedad del Estado, si bien los ciudadanos pueden comprar y vender el derecho de uso durante 70 años.

Ante los constantes casos de corrupción, expropiaciones, desamparo en sanidad y educación e injusticias de todo tipo, sólo una minoría de chinos lucha por metas como la libertad de expresión o los derechos humanos.