La empresa Torremont presentó una denuncia penal contra el intendente del Partido de General Pueyrredon Gustavo Pulti, el secretario de Gobierno Marcelo Artime y Pablo Fernández Abdala, responsable del EMTUR. Lo hizo ante la Fiscalía de Delitos Económicos Nº 9 a cargo de Eduardo Amavet, con intervención del juez de Garantías Gabriel Bombini, por el desalojo compulsivo e ilegal del Torreón del Monje, durante el cual los funcionarios se apropiaron de bienes y mercaderías sin respaldo legal alguno.

Los cargos interpuestos son abuso de autoridad, violación de domicilio, robo y hurtos agravados, y retención indebida, y el particular damnificado planea seguir el debate hasta las últimas instancias.

Todo sucedió el 2 de marzo a primera hora de la mañana. Ellos llegaron a bordo de varios vehículos: eran ni más ni menos que los funcionarios municipales Mónica Rábano, del EMTUR, y Adrián Alveolite y Eduardo Bruzzeta. Los acompañaba una caterva de veinte policías provinciales, dispuestos a enfrentarse quién sabe con qué cosa.

También llegaron al instante un montón de agentes municipales que no se lo querían perder, que deben de ser los mismos que no hacen una hora extra aunque se las paguen el doble. Pero no fueron desprovistos: llevaron un cerrajero, y todo el personal de servicios generales del corralón municipal, que portaba amoladoras listas para romper todo. Además, había dos camiones de mudanza, prudentemente contratados a una empresa particular. Y por fin, los directivos de la firma Ariel Dada SA., que hasta ese momento sólo eran quienes explotaban otro sector del lugar. Nadie sabía cuál sería su función en el futuro.

Alguien se acercó y le dijo al distribuidor de churros Mar del Plata, que trabaja en su local a un lado del edifico histórico: “Tenés media hora para sacar tus cosas. Lo que quede acá, no lo ves más”.

El Torreón del Monje era explotado por la firma Torremont S.A., a través de un contrato de cesión parcial, que había sido autorizado por la Municipalidad por medio de una resolución de la Dirección de Recursos Fiscales del año 2003.

Es decir que semejante despliegue estaba destinado a ingresar a un edificio popular y turístico donde se encontraban en ese momento el sereno, el personal de seguridad, unos pocos empleados, Carmelo Impari, presidente de Torremont S.A., y María Eugenia Lemoine, abogada de la cafetería inquilina de un sector del complejo. A todos se les impidió salir de allí, pero no lo hizo la policía provincial, sino un grupo civil especialmente contratado para la ocasión: lo que podríamos llamar un grupo parapolicial.

La patota comunal

Lo primero que sucedió fue que la abogada Lemoine les dijo a los municipales que no podían realizar las acciones de esta manera, porque un desalojo requería de una acción judicial, es decir, de la decisión de un juez que avalara el procedimiento.

Pero no hicieron caso: ellos venían a cumplir un decreto del mes de diciembre, firmado por el intendente Gustavo Pulti, por el secretario de Gobierno Artime, y por el presidente del Ente Municipal de Turismo, Pablo Fernández Abdala. Aunque el decreto había sido recurrido, es decir que ni siquiera estaba firme. Por eso, Torremont no había recibido notificación alguna, y estaba en pleno uso de la prórroga para la explotación.

Una vez que los funcionarios municipales se encontraron en pleno dominio y control del edifico, procedieron a desmantelar la terraza. En primer lugar cargaron mesas, sillas y sombrillas, a la vez que impedían el ingreso del resto del personal, que a estas alturas se hacía presente con la mayor preocupación, al ver que se desarmaba el sitio que era su fuente de trabajo.

En el sitio se encontraban además dos escribanos: Carlos Martín Pagni y Raúl Félix Martínez, quienes tomaron nota de las oposiciones presentadas al procedimiento.

El abogado de la firma damnificada ya había sido informado de lo que sucedía, y se presentó en el lugar diciéndoles a los municipales que no podían hacer lo que estaban haciendo sin una orden judicial: ellos le contestaron que no era necesaria. Luego, les dijo que tampoco podían decomisar la mercadería y los muebles, a lo que respondieron que las primeras serían decomisadas y donadas a un hogar de hermanas religiosas. Y que el mobiliario sería secuestrado hasta que la empresa probara que eran efectivamente de su propiedad.

Hubo varios errores de procedimiento simultáneos. En la cuestión relacionada con las mercaderías, la situación en el que el decomiso puede realizase es en cuestiones relacionadas con bromatología; obviamente, está de por medio la seguridad de la población. Pero no en un desalojo, en que la propiedad privada del desalojado no puede ser puesta en duda. Tampoco podían disponer una donación sin inventario previo.

Los abogados seguían diciendo que según el Código Civil de este país, el poseedor de un objeto no debe probar su propiedad, a no ser que éste haya sido robado. Pero no: los municipales, montados en una soberbia sin límites, seguían cargando los muebles en los camiones amparados en sus nuevos parapoliciales.

Con semejante respaldo, se llenaban la boca declarando ante las cámaras de los canales de televisión locales, y afirmando que por fin El Torreón estaría para la gente de esta ciudad, y se regularizaría su situación. Los espectadores comunes no entenderían de qué se hablaba, o qué tipo de negocio funcionaba allí para que se estuviera diciendo semejante cosa.

Gato encerrado

En el momento de los hechos, la secretaria general del gremio de UTGRA se presentó diciendo que avalaría la formación de una cooperativa de trabajo para que todos esos empleados continuaran la explotación y no perdieran su fuente de trabajo, ante lo cual todos se peguntaban con qué insumos muebles e instalaciones se iba a reanudar la explotación, si la patota municipal ya se había robado todo, y se negaba a indicar adónde lo había llevado. Era imposible.

Luego de esto, se supone que en realidad todo tenía una explicación clara y concisa. El desalojo tenía una finalidad concreta, y era entregar rápidamente la explotación a Ariel Dada S.A., que podría hacerse cargo de los empleados, pero es evidente tenía sus propios muebles. Sin embargo, lo extraño es que esta firma registra, según el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, una deuda con el municipio que se eleva a los $115.000. ¿Es posible?

A dos semanas de los procedimientos, poco y nada ha cambiado. Los titulares de la firma en cuestión no han podido establecer cuál es el paradero de todo lo que les quitaron, es decir las instalaciones de su negocio, que fueron literalmente robadas por los funcionarios municipales.

Fue por eso que el abogado de Torremont primero intimó al intendente municipal y al presidente del EMTUR a que devolviera tales muebles, pero desde el 9 de marzo no ha obtenido ninguna respuesta.

La ilegalidad manifiesta del procedimiento consta en la denuncia toda vez que el abogado invoca la propia Constitución Nacional para indicar que el Estado no está exento de requerir la intervención del Poder Judicial para conseguir la restitución de un bien o la cancelación de un contrato de explotación. Dice el texto de la presentación: “En nuestro régimen institucional, sólo a los jueces corresponde dirimir los conflictos entre particulares o entre éstos y la administración pública, si, como en el caso, se hallan en juego los bienes pertenecientes al dominio privado del Estado, en cuya esfera el último ha de actuar en igualdad de condiciones con aquellos (artículo 16 de la Constitución Nacional)”.

Además, resulta evidente que los funcionarios municipales conocen de sobra el procedimiento adecuado, ya que en los momentos en los que se produjo la recuperación de los predios del Balneario Las Toscas y Polo Beach en Playa Grande, el municipio cumplió los procedimientos judiciales y actuó a derecho. ¿Por qué entonces esta vez lo hizo de esta manera, tan cercana a la acción de un Estado municipal patotero, amparado por patovicas y pegadores profesionales?

La empresa Torremont se constituyó como particular damnificada porque tiene su propia tesis al respecto: postula una connivencia dolosa entre los funcionarios locales y la firma Ariel Dada, a quien de inmediato se le concedió la explotación del predio.

“En este entendimiento, conforme con las previsiones del artículo 146 del CPP, vengo a solicitar que se dicte una medida cautelar que ordene a la autoridad municipal la inmediata entrega de los bienes muebles secuestrados a mi mandante, para evitar que se frustren derechos que legítimamente le asisten en relación a los mismos, (artículo 2412 del Código Civil), dado que existe un peligro cierto de que desaparezcan, puesto que se desconoce el lugar de depósito, el estado material de los mismos y los términos del inventario”, dice el abogado. Es decir que solicita la urgente intervención para que le devuelvan las cosas, ya que ni siquiera le han permitido entrar a retirar libros contables que permitan establecer a ciencia cierta el valor de lo robado, o el inventario de mercaderías que había en el local al momento de la violación del domicilio.

¿Y si no pasa nada? ¿Y si el fiscal se dedica a no mover un papel porque no quiere actuar en contra de la comuna? ¿Y si todos se hacen los que no han visto nada?

Indicó el abogado Andrés Barbieri en entrevista realizada por José Luis Jacobo en el programa “Noticias & Protagonistas”, que la reforma del Código Civil habilita al particular damnificado a llevar adelante la acción penal contra los funcionarios, ya que gracias al artículo 334 reformado, tiene las mismas facultades que el fiscal en el debate. No necesita de su anuencia para llevarlos a juicio.

Y parece que lo hará, porque ahora le toca actuar a él. Lo hará como prevé el derecho. Pero como todo indica que lo robado está desapareciendo con el correr de los segundos, deberá actuar rápido, muy rápido. Tanto como lo hicieron ellos. Rápido y furioso.